Las parroquias aprovecharon la Ley Aznar para registarse más de setenta bienes

La Iglesia Católica, a través de decenas de parroquias de la Ribera, se inmatriculó más de setenta inmuebles desde 1998 y hasta 2015 gracias a la reforma de la Ley Hipotecaria llevada a cabo por el Gobierno de José María Aznar. En su mayoría se trata de templos o de lugares destinados al culto, aunque también aparecen abundantes bienes rústicos o inmobiliarios. En su mayor parte se trata de propiedades registradas en virtud de una mera certificación eclesiástica y en otros con la presentación de un título «bastante y suficiente para la demostración». El municipio con mayor número de escrituraciones es l’Alcúdia, donde además de los templos y los dos inmuebles de la Casa Abadía, aparece otro edificio, seis viviendas y un garage.

El Lluch como antecedente

La polémica por las inmatriculaciones de la Iglesia viene de lejos. El conflicto más sonado se inició en 1997 cuando, por sorpresa, la jerarquía eclesiástica inscribió en el Registro de la Propiedad a nombre del Arzobispado de Valencia el santuario de la Mare de Déu del Lluch. El Ayuntamiento de Alzira impugnó esta inscripción y el juzgado reconoció en primera instancia que la ermita era de propiedad municipal, pero el recurso del arzobispado logró revocar esa primera sentencia y la Audiencia de Valencia primero y el Tribunal Supremo más tarde reconocieron a la Iglesia como titular. El ayuntamiento acudió al Constitucional con un recurso de amparo que cuestionaba que en un estado aconfesional la Iglesia Católica pudiera mantener prerrogativas propias de las Administraciones Públicas, aunque los magistrados lo desestimaron.

La Iglesia aprovechó también la ley para regularizar en Alzira otras propiedades como el templo y el centro parroquial de la Virgen del Lluch, el templo de la Encarnación, una parcela de la parroquia de la Sagrada Familia, el centro parroquial del templo de los Santos Patronos, una planta baja y un terreno rústico.

El pleito del santuario de la patrona de Alzira animó al Ayuntamiento de Alberic a inscribir a su nombre la ermita de Santa Bárbara y, en este caso, fue el arzobispado el que recurrió a la Justicia. Un pacto entre ambas instituciones resolvió al final que el inmueble seguiría siendo municipal aunque se garantizaba el uso católico. No obstante, la Iglesia se inmatriculó después la parroquia de Sant Llorenç y una ermita.

La denominada Ley Aznar permitió después inmatricular la parroquia de Alcàntera, el templo, la ermita y el cementerio de Antella, las parroquias de Alginet, Montsetrat, Alfarp, Catadau, Càrcer, Beneixida, Gavarda, Cotes, Massalavés, la Pobla Llarga, Llaurí, Riola, Favara, Rafelguaraf, Manuel, Albalat, Sollana, Senyera y Sumacàrcer. También el templo y la ermita de Castelló, la iglesia y la ermita de Benifaió, el templo parroquial, y la ermita de Sant Bernabé de Benicull.

En Algemesí se inmatricularon la basílica de Sant Jaume, la Capella de la Verge de la Salut y la casa del capellán, y también la ermita de Sant Abdón y Sant Senent; en Cullera se escrituraron la parroquia de los Santos Juanes y la Capilla de santa Ana; en Carcaixent la parroquia de la Asunción y el templo del colegio franciscano; en Almussafes la iglesia y el centro parroquial; en Sellent, además del templo y la casa abadía, se registró un solar urbano, y en Montroy, junto al templo, se inmatricularon dos terrenos rústicos.

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