El juzgado de lo contencioso-administrativo número 10 de València ha desestimado la solicitud de suspensión cautelar de la orden de clausura de la granja de toros bravos de Alfarp elevada por el propietario para mantener la actividad mientras se resuelve el recurso interpuesto contra la resolución del ayuntamiento al considerar el magistrado que las alegaciones formuladas son genéricas y no justifican la adopción de medidas cautelares «pues las reses pueden entregarse a otra explotación autorizada y recuperarse sí se obtiene la licencia».
El consistorio de Alfarp pudo notificar a mediados de septiembre la orden de clausura de la explotación, tras un nuevo episodio de fuga de reses que mantuvo en jaque varios días a las autoridades locales, al haber constatado que carecía de licencia ambiental. La resolución concedía al propietario un mes de plazo para trasladar los animales y le emplazaba a abstenerse a cualquier utilización posterior de las mismas. Cinco meses después, los toros continúan en los corrales de la explotación ubicada en el término de Alfarp.
Falta de concreción
Según ha podido saber Levante-EMV, el propietario de la ganadería impugnó en los tribunales la orden municipal de clausura y, paralelamente, solicitó la adopción de medidas cautelares para poder mantener las reses en estos corrales a la espera de que se resuelva el litigio. El recurso alegaba que el cierre no permitiría cumplir las normas de sanidad animal y, por otra parte, aludía a aspectos relacionados con su delicada situación económica -la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus y la ausencia de festejos ha castigado a los ganaderos- y estado de salud.
El auto que desestima la petición expone, no obstante, que se trata de alegaciones que carecen de detalle suficiente en relación con el caso, «pues no se comprende a qué incumplimiento normativo se refiere (...) ni qué tiene ello que ver con la clausura de la actividad», ya que las reses se pueden trasladar a otro corral. «Tampoco consta documental alguna que explique siquiera en qué consiste la actividad, volumen de ingresos...» ni «explicación alguna de las consecuencias concretas que el cierre pueda tener». La magistrado desestima dejar en suspenso la orden de cierre y, al mismo tiempo, impone al ganadero las costas con un máximo de 150 euros.
El Ayuntamiento de Alfarp ya informó a la Fiscalía de Medio Ambiente, a la Policía Autonómica y a la Guardia Civil del incumplimiento de la orden de cierre por parte de la granja al constatar que, cumplido el plazo de un mes concedido para que trasladara a los animales, las reses continuaban allí. Fuentes municipales confirmaron que en los últimos meses se ha insistido en al menos un par de ocasiones tanto a la Guardia Civil como a la Policía Autonómica de que persiste esta situación y, si bien evitaron cualquier pronunciamiento para evitar conflictos con el propietario, señalaron que el ayuntamiento no tiene medios ni posibilidades de hacerse cargo de los animales y que, en una situación así, «alguien más debería intervenir».
Quejas por malos olores
Fue precisamente una fuga de dos vacas en 2019 lo que permitió comprobar a las autoridades locales que la explotación carecía de la preceptiva licencia ambiental para ejercer la actividad, lo que dio lugar a un largo procedimiento administrativo que derivó en la orden de clausura que el ganadero ha impugnado. La presencia de esta ganadería ha provocado quejas por malos olores de residentes en diseminados de esta zona del término de Alfarp.
