La Iglesia se inmatriculó una decena de inmuebles en l’Alcúdia, según el reciente estudio elaborado por el Gobierno. Aunque este no concreta las posesiones que escrituró gracias a la reforma de la Ley Hipotecaria llevada a cabo por el ejecutivo de José María Aznar, sí que se conocen dos de ellas, más allá del templo y las casas abadía. Por un lado, se encuentra la ermita de Sant Antoni y, por el otro, la Casa del Mestre de Montortal.

Ambas se produjeron durante el mandato de Paco Signes, tal y como recordó ayer para Levante-EMV el exalcalde: «Aquello generó un gran malestar en la localidad. Fue una frustración tremenda porque, por entonces, no teníamos ni idea de que la Iglesia llevaba a cabo esta serie de movimientos por todo el país».

La ermita fue, históricamente, la capilla del desaparecido hospital municipal, aunque en las últimas décadas adquirió un uso diferente al que fue concebido, ya que las ocho cofradías de la Semana Santa utilizaban el inmueble para salvaguardar las andas. «Un día llegó el secretario del ayuntamiento y me dijo que la Iglesia se la había inmatriculado», explicó Signes. Y no quedó ahí la cosa. «La reacción inmediata fue echar de allí a las cofradías. Aquello las obligó a comprarse sus propios inmuebles. Fue un proceso muy dificultoso que generó un gran malestar».

Otro edificio público siguió el mismo destino. «Lo de la Casa del Mestre de Montortal fue todavía más sorprendente porque ni la escuela ni la propia casa del maestro tenían nada que ver con la Iglesia. Aquella vivienda se partió por la mitad y una de ellas se utilizaba como sede para los festeros de la Purísima. Esa función se pudo mantener, pero el párroco usó la otra mitad para guardar el material de los Juniors», indicó el exalcalde.

Signes defiende todavía hoy que estos inmuebles deben ser propiedad del pueblo: «Los informes históricos que preparamos en su momento eran claros. Ahora se abre una vía para que cada ayuntamiento pleitee por lo que es suyo, pero lo que se tendría que haber hecho es cambiar esas propiedades de registro. Si la Iglesia se inmatricula algo es porque no es suyo».

El gobierno local no tiene intención de pleitear contra la institución

El gobierno de Paco Signes rechazó el litigio contra la Iglesia en su momento. «Hay pleitos imposibles de ganar, la Ley Aznar nos habría metido en una batalla que estaba perdida de inicio. Además, aquello habría supuesto una gran fractura social», manifestó el que fuera alcalde de l’Alcúdia entre 1991 y 2007. Más de una década después, su homólogo actual tampoco se muestra partidario, por el momento, de poner en marcha la vía judicial contra la Iglesia. «El registro que se ha hecho público no entra demasiado al detalle, así que resulta complicado saber qué tipo de posesiones se inmatriculó la Iglesia. Seguramente, algunas de ellas serán donaciones o herencias. El resto, se tendría que comprobar que tipo de inmueble es y, a continuación, conocer la titularidad de la propiedad. Tenemos muy pocos elemenos como para abrir esta vía», reconoce ahora Andreu Salom.