El Ayuntamiento de Cullera ha cerrado cinco ejercicios económicos consecutivos con sus cuentas en positivo, es decir, con superávit. El último lo hizo con 2,7 millones de euros, una cifra que representa la media de dicho periodo.

Con este superávit, el pleno municipal de febrero aprobará una modalidad de crédito extraordinario para poder destinarlo a acciones «encaminadas al impulso de las políticas sociales, programas y actuaciones que fomentan la ocupación y la economía local, con los objetivos claro centrados en las personas de nuestra ciudad», señaló Jordi Mayor, alcalde de Cullera, que destacó la «solvencia económica del consistorio gracias al esfuerzo del vecindario y también de la responsabilidad de este equipo de gobierno que al final administra como es debido los recursos de los que disponemos», añadió.

De hecho, el Ayuntamiento de Cullera, con Mayor al frente, ha obtenido superávit en sus cuentas desde 2016 hasta el ejercicio de este año con un media anual de casi 2,7 millones de euros. Ahora, el objetivo pasa por ahondar en materia de Servicios Sociales ya que, con este remanente, se aumentará hasta 300.000 euros el Plan de Emergencia Social además de la construcción de un nuevo emplazamiento por este departamento presupuestado en 400.000 euros. Precisamente, el Ayuntamiento de Cullera ha destinado 1.075.012,04 euros en ayudas sociales durante el 2020; además, contrató 128 personas que trabajaron en diferentes áreas y acciones del municipio.

Recuperación económica

El pleno se celebrará esta tarde. En él se determinará y detallará en qué se destinará el superávit de este año donde las líneas están claras: «acciones que tengan una mirada sensible en las personas más vulnerables por esta crisis sociosanitaria a la vez que la implementación de obras y proyectos que redundan en la ocupación y la recuperación económica», concluye Mayor.

Por otro lado, el consistorio también impulsó unas ayudas municipales directas dentro del «Pla Recupera’t» en las cuales ha destinado 706.600 euros a autónomos y pequeñas empresas que han visto afectada su actividad económica como consecuencia de los efectos de la Covid-19 con el objetivo de proteger al tejido socioeconómico local.