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Otra sentencia obliga a Alzira a devolver 860.000 euros del aval de un PAI frustrado

El gobierno del PP requisó la fianza en 2014 tras culpar al promotor de incumplir sus obligaciones

Una vista de la partida de la Garrofera de Alzira en una imagen de archivo. | V. M. PASTOR

Una vista de la partida de la Garrofera de Alzira en una imagen de archivo. | V. M. PASTOR

El Ayuntamiento de Alzira deberá devolver los 860.000 euros del aval que incautó al promotor del Programa de Actuación Integrada (PAI) que proyectaba la construcción de 3.000 viviendas y un campo de golf en la Garrofera que, aprobado de forma provisional en los años del «boom» urbanístico y con el PP en el gobierno municipal, no se llegó a desarrollar y ocho años después, todavía bajo el mandato de Elena Bastidas, acabó por anularse.

El procedimiento de liquidación del contrato contemplaba la incautación de la garantía formalizada por la sociedad Urbanizadora Cuatre Carreres en concepto de daños y perjuicios. El consistorio argumentaba que el incumplimiento de las obligaciones de la empresa al no haber subsanado los requerimientos realizados por la Conselleria de Territorio y Medio Ambiente para corregir los defectos detectados en el PAI había impedido la aprobación definitiva del programa, por lo que tramitó la incautación de la fianza formalizada para responder de las obras de urbanización como forma de resarcirse de los gastos que le había ocasionado la larga tramitación del proyecto.

El Tribunal Superior de Justicia, no obstante, ha desestimado el recurso de apelación municipal y ha confirmado la sentencia de primera instancia que anuló la incautación del aval de 860.000 euros. El gobierno local se dispone a cumplir esta resolución con la devolución de unos fondos que se gastaron en el año 2015 por el anterior gobierno. Compromís, que ahora ostenta la alcaldía, llegó a acusar al PP de pagar la campaña electoral con fondos municipales tras el anuncio de la relación de inversiones que pretendía acometer con esta inyección económica.

Fallo en primera instancia

El Ayuntamiento de Alzira, no obstante, deberá devolver ese dinero seis años después. El juzgado de lo contencioso administrativo número 4 de València ya estimó parcialmente el recurso del urbanizador en una resolución del año 2017 que anulaba la incautación de la fianza, y el TSJ ha fallado en idéntico sentido al estimar que «no resulta controvertido que los daños y perjuicios deben hacerse efectivos con cargo a la garantía» o que el acuerdo por el que se resolvió el contrato con el agente urbanizador y se requisó el aval debía contener la cuantificación de esos daños y perjuicios que el ayuntamiento ni concretó ni justificó.

«El aval se constituyó como garantía provisional y no pudo firmars el contrato por el concurso declarado al agente urbanizador. Mas siendo este concurso calificado de fortuito (...) y, por lo tanto, no culpable, proce estar a la doctrina señalada (...) y, como resolvió el juez de instancia, al no acreditarse importe alguno de los daños y perjuicios procedió correctamente la estimación del recurso contencioso aministrativo», expone la sentencia.

El PAI de la Garrofera se proyectó en el terreno que el actual gobierno (Compromís-PSOE) había ofrecido para albergar la base logística del Ejército de Tierra.

Un dinero gastado en ayudas al comercio y la reforma de fincas

El Ayuntamiento de Alzira recibió los 860.000 euros de la entidad avalista, la Caja de Ahorros de Castilla La Mancha, la víspera de Reyes de 2015. Con anterioridad, la entonces alcaldesa, Elena Bastidas, ya había adelantado en una comparecencia pública en qué se iba a invertir ese dinero. Destacaban las asignaciones para crear líneas de ayuda dirigidas a la rehabilitación de edificios con más de 50 años y para fomentar la contratación en el comercio local a las puertas de la campaña de Navidad o la ampliación del circuito de cámaras de tráfico para que llegara a l’Alquerieta.

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