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El bipartito alcireño culpa al PP del fallo que obliga a devolver 860.000 euros

Los populares alegan que el aval del PAI se requisó con informes favorables

Terrenos de la partida de la Garrofera. | V. M. P.

Terrenos de la partida de la Garrofera. | V. M. P.

«Se gastaron el dinero de una lotería que no les tocó». El gobierno alcireño (Compromís-PSOE) atribuyó ayer al modelo de urbanismo disperso que intentó implantar el PP durante los años de la burbuja inmobiliaria la sentencia que obliga al ayuntamiento a devolver los 860.000 euros del aval incautado a la promotora del PAI que proyectaba 3.000 viviendas y un campo de golf en la Garrofera y valoró como una «irresponsabilidad» que el gobierno liderado entonces por Elena Bastidas se hubiera gastado el dinero de una fianza formalizada para garantizar la correcta ejecución de obras en otros fines. «Hemos sufrido la irresponsabilidad de la que se ha permitido hacer gala el PP desde 2014 anunciando a bombo y platillo cómo se iba a gastar ese dinero», señaló la actual concejal de Urbanismo, Sara Garés.

El edil del PSPV, Fernando Pascual, por su parte, recordó con ironías las palabras de Bastidas en el pleno en el que se acordó la inacautación de la fianza: «Decía que nos había tocado la lotería a los alcireños porque íbamos a tener 860.000 euros para gastar, pero ese número no estaba premiado, no nos tocó la lotería y ahora tenemos que pagar esos 860.000 euros».

La corporación aprobó ayer por unanimidad cumplir la sentencia del TSJ que, como adelantó en exclusiva Levante-EMV, obliga a retornar el aval requisado en 2014 a la urbanizadora Cuatre Carreres. El concejal del PP Rubén Palau defendió que el acuerdo de incautación se tomó con el informe favorable de los servicios jurídicos, que alegaron que al entrar la promotora en fase de liquidación la resolución del contrato y la incautación de la garantía era obligatoria, y que ni siquiera la empresa se opuso. Palau también señaló que el acuerdo se aprobó en su día por unanimidad por lo que todos los grupos políticos fueron «partícipes».

Fernando Pascual replicó señalando que el PSPV se opuso desde un primer momento (2006) a la macrourbanización que el PP pretendía ubicar en la Garrofera y que Isabel Bonig acabó descartando en su etapa como consellera de Territorio por lo que, en buena lógica, dijo, respaldó la anulación de contrato. «A las puertas de unas elecciones Vds. hicieron muchas cosas que ahora tiene que paga este gobierno», señaló el concejal socialista.

Sara Garés comentó que se pone así fin a lo que calificó de «despropósito». «Ese boleto de lotería no se había puesto a la venta ya que es el dinero que se depositaba para garantizar el programa», indicó, mientras señalaba que el anterior gobierno «debía haber tenido la responsabilidad de esperar a que todo el proceso judicial acabara. Su irresponsabilidad ha descapitalizado una parte del remanente conseguido con el esfuerzo de este gobierno y aún se permiten sacar pecho de eso», afeó la edil de Compromís.

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