El Ayuntamiento de Alzira realizará un tercer intento por finalizar la urbanización del polígono industrial Carretera de Albalat, un área consolidada a la que hace veinte años se trató de dotar de servicios urbanísticos aunque las obras iniciadas se paralizaron en el año 2002 para intentar reducir los costes de un proyecto que los empresarios consideraban faraónico y ya no se han retomado, salvo actualizaciones puntuales como la construcción de un tramo de colectores aprovechando los fondos del denominado Plan Camps o, más recientemente, en la pasada legislatura, la reordenación acometida por la Diputación de València en el tramo inicial que transcurre por Cines Kinépolis y Transportes Mazo hasta la conocida como rotonda de la Guitarra.

La corporación municipal acordó en el pleno del miércoles declarar la caducidad del procedimiento iniciado en diciembre de 2010 para asumir por gestión directa la urbanización del sector -lo que supuso el segundo intento por dar solución a una actuación muy compleja- y, acto seguido, tramitar una modificación de la ordenación para adaptarla a la nueva realidad del mayor polígono de Alzira en base al número de empresas instaladas. «Estamos en el inicio de volver a emprender el polígono Carretera de Albalat», resumió la concejal de Urbanismo, Sara Garés, que reveló en el pleno que el acuerdo municipal de asumir por gestión directa la finalización de las obras nunca adquirió la condición de definitivo.

Su antecesor en el cargo durante la pasada legislatura, el socialista Fernando Pascual, fue más crítico al señalar que «comienza una nueva etapa en la Carretera de Albalat y solo queda mirar hacia delante y ver si después de treinta años resolvemos el problema y tenemos el polígono que los industriales de la zona se merecen», mientras repartía responsabilidades entre todos los gobiernos de los últimos treinta años y aludía a «pifias» como la no publicación de las normas urbanísticas del PGOU de 1985 que provocó la anulación del PAI del polígono.

La urbanización del sector ha sido una especie de asignatura pendiente de todos los gobiernos municipales desde que el presidido por el socialista Pedro Grande impulsó la urbanización -el que encabezaba Elena Bastidas (PP) planteó en 2010 la gestión directa- y ha sido un foco permanente de recursos, impugnaciones y pleitos, uno de los cuales condenó al ayuntamiento a adelantar 1,2 millones de euros a la urbanizadora por obras ejecutadas a la espera de repercutir el importe en los propietarios de parcelas.

La crisis económica de 2008 contribuyó a prolongar la larga parálisis de un proyecto que ahora, prácticamente, arrancará de cero con una nueva reparcelación antes de acometer las obras de urbanización necesarias, previsiblemente por sectores y en base a las necesidades de los interesados, dada la complejidad de abordar un proyecto integral.

Sara Garés expuso en el pleno que se trata de suelo urbano, aunque presenta numerosas «carencias» en cuanto a servicios urbanísticos, una situación que, según indicó, en ocasiones dificulta la concesión de licencias a las empresas. La edil de Urbanismo también dejó entrever que otro obstáculo al que se enfrentan algunos empresarios es que no tiene registradas las parcelas.

El Ayuntamiento de Alzira aprobó en un primer momento un proyecto de urbanización que estimaba el importe de las obras en 2.161 millones de pesetas, si bien la agrupación de propietarios presionó al considerar que se trataba de un coste excesivamente elevado y el consistorio, cuando las obras ya estaban adjudicadas e incluso iniciadas, planteó una revisión del proyecto que reducía la inversión a 1.098 millones de pesetas. Las negociaciones para intentar desbloquear las obras y los litigios en los tribunales se han sucedido en los últimos veinte años sin lograr completar la urbanización. El tercer intento está en marcha.

«Se vuelve a empezar porque la realidad es otra»

La concejal de Urbanismo, Sara Garés, admitió ayer que el proceso que se inicia ahora se presume largo, aunque el gobierno municipal no contempla la opción de no abordar un problema que se arrastra desde hace años. «Estamos en fase de planeamiento, planificar otra vez la zona porque la realidad de la Carretera de Albalat no es la que era, y se vuelve a empezar para adaptarla a la nueva realidad», indicó. El expediente de modificación que ya tramita el consistorio plantea la supresión de un par de viales o la posibilidad de que el suelo industrial pueda tener la consideración de terciario (comercial) como forma de dar uniformidad a todo el sector, ya que hay parcelas de terciario a las que sí se puede dar uso industrial. El consistorio no ha estimado por ahora el importe de las obras pendientes.