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Los juzgados de la Ribera se quedan fuera del plan de choque diseñado por el TSJ

El Colegio de Abogados de Alzira denuncia el «centralismo» al excluir a todos los partidos judiciales de los refuerzos para desatascar casos

El decano de los abogados, Agustín Ferrer, en la sede del colegio de Alzira. | V. M. PASTOR

El decano del Colegio de Abogados de Alzira, Agustín Ferrer, ha criticado que el plan de choque diseñado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para paliar la demora en los señalamientos provocada por la crisis sanitaria que se arrastra desde hace un año y hacer frente al aluvión de asuntos «se olvide de los partidos judiciales» lo que, según denuncia, representa un ejemplo más de una concepción «centralista» cuando, incide, «los partidos judiciales son los que vertebran la Comunitat Valenciana y tienen tanta importancia como la capital».

Ferrer considera que el plan de choque al que se han asignado jueces en prácticas con el objetivo de celebrar más de 4.300 juicios en cinco meses en las jurisdicciones social y civil no solo resulta insuficiente sino que, además, «no reasigna la agenda» por lo que aquellos procedimientos que por ejemplo están ya señalados para el año 2022 mantienen ese calendario mientras que los nuevos pueden celebrarse en cuatro o cinco meses, lo que considera «absurdo».

«El plan de choque es solo para las tres capitales de provincia, parece que no existen los partidos judiciales y para el TSJ hay ciudadanos de primera, que son los de la capital, y de segunda, que son los de municipios tan importantes como Alzira o Gandia» y, en el caso de la Ribera, también de las demarcaciones de Sueca o Carlet, «que no tienen ningún plan de choque para el TSJ», incidió el también presidente del Consejo Valenciano de la Abogacía. «La situación es complicada porque hay muchos más procedimientos y requiere que se dote de medios», comentó Ferrer, mientras apuntaba que si bien en el caso de Alzira los señalamientos se están realizando con un margen razonable, la falta de funcionarios está provocando un atasco en la gestión procesal que augura plazos mucho más largos. Ferrer apuntó que la situación es incluso peor tanto en Sueca como en Carlet.

Bajas sin cubrir en el Alzira 4

El Colegio de Abogados denunció públicamente la situación de «cierre efectivo» que vive el juzgado de instrucción número 4 de Alzira debido, como ayer adelantó Levante-EMV, «a la ausencia de una plantilla mínima para poder desempeñar en condiciones la labor jurisdiccional, en particular en lo relativo a la materia penal, dado que solo existe en la actualidad un funcionario trabajando en la sección, mientras hay tres puestos sin cubrir».

Ferrer expresó el apoyo del colegio al juzgado ante una situación «insostenible» ya que, indicó, «esta situación afecta a los derechos básicos de los ciudadanos, al derecho de defensa y tutela judicial efectiva» y denunció la «falta de respuesta por parte del TSJCV, que en la actual situación de pandemia debería apoyar y solucionar con rapidez todos estos problemas». Agustín Ferrer emplazó a la administración autonómica y a la presidenta del TSJ, Pilar de la Oliva, a que «de forma urgente y sin dilación se provea de funcionarios a dicho juzgado».

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