Recientemente los alzireños hemos sido meros espectadores ante la noticia de que el Ayuntamiento de Alzira (y por ende los ciudadanos) ha de pagar 860.000 euros en cumplimiento de una Sentencia condenatoria del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, por la incautación y ejecución de la garantía del agente urbanizador del PAI de la Garrofera allá por el año 2014 cuando aún gobernaba el Partido Popular.
El problema de todo esto no es que una sentencia te obligue a devolver una garantía incautada; el problema es que, en su día, el Partido Popular con el apoyo de PSOE y Compromís, decidieron votar a favor en un pleno para requisar la garantía que posteriormente se gastaría. Nada más y nada menos que 860.000 euros. Todo esto ante un más que posible litigio por parte del agente urbanizador reclamando la devolución y una posible sentencia condenatoria como la que nos ha llegado y, quien diga que esto no se veía venir, miente. Y en consecuencia, ahora hay que devolver una garantía por un valor que ya se gastó.
Otro problema más, porque no solo es uno, es que por aquella época no solo existía el criterio de los técnicos municipales (a los que ahora parece que se les quiere descargar gran parte de la culpa, visto lo visto en el último pleno) sino que se pagaba (pagábamos los alzireños), a un despacho jurídico externo especializado en la materia para reforzar el asesoramiento, que a priori puede servir de ayuda para un ayuntamiento cuando se plantean temas complejos, pero visto lo visto… algo ha fallado.
No obstante, para el actual equipo de gobierno, formado por PSOE y Compromís, el tener que reducir estos 860.000 euros del remanente de 5 millones de euros les habrá tenido que suponer priorizar entre cumplir con el programa electoral de 2019 o paliar los efectos económicos a comercios, pymes e industria, que está provocando esta pandemia.
Está claro cuál ha sido la prioridad al anunciar la terminación del retén de policía, el «casal jove», helipuerto e inversiones varias no prioritarias en estos momentos para garantizar empleo y riqueza. Es este momento, más que nunca inoportuno, cuando con ese remanente se tendría que haber apostado más seriamente por la activación de nuestra economía y aquellos que crean puestos de trabajo y riqueza. En conclusión, unos por otros, la casa sin barrer.
