Carcaixent empezó hace cinco años a llenarse de pintadas con esvásticas, cruces celtas y expresiones como «Heil Hitler», «¡Arriba España!» o «Rojos al paredón». También aparecieron adhesivos con mensajes antisemitas y xenófobos. Estos mensajes de odio han ido sucediéndose, con diferentes fases e intensidades, a lo largo de un lustro. La policía ha identificado en dos ocasiones al presunto autor de esa campaña, un activista relacionado con la extrema derecha que actúa sin complejos. Ensucia la ciudad y su término municipal incluso de día. Un juzgado instruye diligencias contra él por un presunto delito de odio.
La Fiscalía mantiene que se trata de un presunto delito de odio y pedirá en el juicio «la máxima pena posible», que la ley fija entre uno y cuatro años de prisión, que se podrían ampliar si se acreditan circunstancias de alteración de la convivencia y ante la reiteración del delito. El proceso se encuentra en la fase final de instrucción. Prosigue la aportación de nuevas pruebas, que se actualizan día tras día debido al goteo constante de pintadas. Recientemente, se ha incluido una nueva declaración, que el ayuntamiento ha elevado a la Fiscalía y en la Guardia Civil.
Un ciudadano ha aportado una serie de conversaciones telefónicas en las que, según fuentes que han tenido acceso a las grabaciones, el investigado se vanagloria de su actividad grafitera. En una de ellas asegura llevar navaja: «Al gorrino ese, si yo me cabreo, voy y le corto el cuello. Yo no me lo pienso, eh? ¡Están buscándome y al final me encontrarán!». El alcalde, Paco Salom, se muestra preocupado por el carácter violento del imputado y teme que el clima de tensión aumente y puedan producirse agresiones: «Puede llegar a ser una persona peligrosa».
El ayuntamiento se ha personado finalmente como acusación particular en la causa, y ha otorgado su representación a la jurista Anna Oliver, quien ha declinado realizar valoraciones sobre el juicio, que se celebrará en València, según prevén fuentes implicadas en el caso, a finales de este año.
El alcalde reconoce que al principio se sorprendió de la abundancia de pintadas. Ahora, cuatro años después, hace balance: «Hemos avanzado muy poco y mientras tanto, en esta espiral de ‘yo pinto y tú tapas’, él se crece. Durante este tiempo ha habido un movimiento social de rechazo a las pintadas, que ha actuado por libre». Fruto de este cansancio, hace dos años nació la plataforma vecinal Carcaixent Net d’Odi, que ha organizado actos para tapar más de 700 pintadas. Esta agrupación reivindicaba, además, una actitud más proactiva por parte del consistorio. Más allá de estos colectivos, el alcalde observa un «conformismo social»: «No ha sido un tema que haya movido masas».
En 2017, Carles Albert se incorporó al gobierno municipal como edil de Memoria Democrática y asumió el tema de las pintadas nazis recopilándolas en un dosier. Este documento, configurado gracias al trabajo de un grupo de voluntarios, fue enviado a la Fiscalía de Delitos de Odio. A finales del 2018, se inició la instrucción judicial. La jueza pidió una prueba caligráfica al investigado y ordenó a la Guardia Civil la elaboración de un informe grafológico, que determinó que la autoría de todas las pintadas analizadas correspondía a la misma persona.
En octubre del año pasado, el acusado volvió presuntamente a la carga con unos grafitis pintados en los alrededores del instituto público y en algunos caminos rurales: «Guillem púdrete» y «Guillem jódete». Coincidió en el tiempo con el estreno de la película sobre el asesinato del joven antifascista Guillem Agulló a manos de la extrema derecha. A raíz de estos hechos, el ayuntamiento manifestó en un comunicado su «rechazo absoluto» a estos mensajes y los adjuntó como prueba a la denuncia inicial. La fiscal de delitos de odio en València, Susana Gisbert, sostiene que esta alusión a Guillem Agulló «alienta el odio y va mucho más allá de la acción que supone una pintada».
La colaboración ciudadana, clave para desenmascarar a los culpables
«La colaboración ciudadana es fundamental. Es responsabilidad de todos alertar a las autoridades», reclama la fiscal Susana Gisbert. El exedil Carles Albert sostiene que la policía «nunca ha hecho seguimiento al investigado». «Quiero pensar que las fuerzas de seguridad actúan con interés. Cuando lo han pillado, se han abierto diligencias y se han trasladado a la justicia», replica el alcalde. Pero Salom se muestra pesimista, cree que el juzgado no le da prioridad. También conserva pocas esperanzas Albert, que anima al consistorio a lanzar «campañas de prevención contra el odio» porque «todo no se acabará con la sentencia». Y se muestra preocupado por el auge de la extrema derecha en el municipio. En las últimas elecciones generales, obtuvo el 24% de los votos y se convirtió en la primera opción política en Carcaixent.
