La okupación de chalés durante el confinamiento que hace un año impuso el Gobierno al declararse la pandemia del coronavirus encendió las alarmas en la urbanización Monte Júcar de Alberic. No era un problema exclusivo de esta área residencial situada al pie de la autovía A-7, aunque posiblemente sí registró la mayor concentración de casas okupadas. La asociación de vecinos llegó a contabilizar hasta cuatro al mismo tiempo y algún que otro intento frustrado. Las quejas de vecinos y municipios afectados por esta práctica que altera la normal convivencia situó el problema de la ocupación ilegal de viviendas en la agenda política. La Guardia Civil se desplegó en varias ocasiones por Monte Júcar para cortar las conexiones fraudulentas a la red eléctrica y forzar que se abandonaran las viviendas y, en gran medida, lo consiguió.
Un año después, no obstante, persiste un reducto okupa en Monte Júcar que se arrastra desde el principio de la pandemia, explica el presidente de la asociación de vecinos, Paco Bru. La vivienda, propiedad de una entidad bancaria, detalla, carecía de agua corriente, lo que no ha sido obstáculo para que los actuales moradores se hayan conectado de forma fraudulenta a la red incluso para llenar la piscina, comenta el presidente del Pou Ribera Xúquer, Paco Doménech. Se trata de uno de los dos pozos que abastecen a las cerca de 200 viviendas de la urbanización.
«Se conectó a la tubería primero provocando unos destrozos que hemos tenido que arreglar. Al no poder contratar el agua, después empezó a cogérsela al vecino de abajo, que cuando se dio cuenta de lo que estaba pagando, ya que llenaba la piscina y todo, prefirió darse de baja porque no tiene vivienda. Después se enganchó a la del vecino de arriba, también causando daños que tuvimos reparar...», relata Doménech, que estima entre 4.000 y 5.000 euros el coste que para el pozo han tenido estos arreglos. «Pero a parte del tema económico, las tensiones y cabreos que provocan estas situaciones, lo peor es el malestar vecinal, la convivencia. Estas cosas afectan, la comunidad no puede vivir así», señala el también vecino de la urbanización.
«En Alberic hay viviendas sociales y, si la piden, posiblemente les darían una, pero no quieren una vivienda social, quieren un chalé de lujo», apostilla Bru, mientras señala que, al parecer, la vivienda tiene un modelo de piscina «sin fin». El presidente de la asociación de vecinos dice no entender la pasividad de la propiedad cuando, señala, la misma entidad bancaria acaba de vender cuatro viviendas con precios muy económicos «porque estaban reventadas por dentro» como consecuencia de otras ocupaciones. «La gente compra, pero si no las ponen a la venta....».
Bru estima que desde la declaración del estado de alarma se han ocupado ocho viviendas en la urbanización, si bien éste es el caso más prolongado. El portavoz de los vecinos destaca el esfuerzo tanto de la Guardia Civil como de la Policía Local para evitar estas situaciones pese a que su margen para actuar es limitado. Recuerda como anécdota que los okupas de una vivienda se dejaron al marcharse una plantación de marihuana en el interior.
«El invierno ha sido bastante tranquilo, pero estamos preocupados porque esto parece que no se acabe nunca», incide Bru, mientras señala que la presión policial propició que en los otros chalés ocupados se fueran «enseguida».
Molestias, petardos y conatos de incendio
La presencia de okupas suele ser un foco de problemas para los vecinos del entorno. Los residentes señalan a modo de ejemplo que un incendio que arrancó en un chalé ocupado el pasado verano a punto estuvo de casar daños al colindante o que, en las fechas de Fallas, se han escuchado petardos en el que sigue okupado.
