El auto de la Sección Tercera de la Audiencia de Valencia que reabre por tercera vez la causa por el pago de las butacas que el Ayuntamiento de La Pobla Llarga encargó para el Teatro Monterrey a pesar de que, como se desprende de la documentación analizada, éstas no se entregaron en las fechas que señalan los informes de la arquitecta técnica municipal y sólo una parte se recibió casi tres años después, revela otras irregularidades en un proceso que sitúa al exalcalde Rafael Soler (PP) y a los dos funcionarios implicados al borde del banquillo.
El relato que el tribunal realiza de los hechos detalla el convenio suscrito por Soler en su etapa de alcalde con la Diputación de València por el que ésta se comprometía a financiar el mobiliario del teatro por un importe global de 267.000 euros que abonaría en tres anualidades (2008, 2009 y 2010); como el ayuntamiento remitió a la diputación las facturas relativas a la recepción de un primer pedido de 647 butacas, un segundo de 442 y un tercero de material diverso adjudicado al mismo proveedor y con destino al mismo edificio, o que si bien la corporación provincial hizo efectivos los pagos oportunos, sólo el primero, de 117.000 euros, se destinó al fin estipulado en el convenio.
«No consta el destino que dio el ayuntamiento a las otras partidas recibidas de la diputación por importes de 80.000 y 70.000 euros» ya que, según incide el auto judicial, el ayuntamiento incorporó el abono de esas facturas al Plan de Pagos a Proveedores que articuló el Gobierno central en 2012 y, como consecuencia de ello, fue el Instituto de Crédito Oficial (ICO) el que liquidó al contratista ambos importes en mayo de ese mismo año.
El auto regresa a este episodio en su respuesta a los argumentos expuestos por la defensa del secretario municipal, que alegaba que el proceso de concurso, contratación, recepción del material y pago del mismo se ajustó a la legalidad, al deslizar que «en este caso no se discute que, salvo alguna inconsistencia no carente de importancia en otra jurisdicción (como el desvío de las dos transferencias efectuadas por la diputación en fechas 21-05-2010 y 27-12-2010 a finalidades distintas a la comprometida), la actuación del Ajuntament de La Pobla Llarga pudo ajustarse formalmente a la legalidad. Cuestión distinta es que esa legalidad formal deja de serlo cuando se comprueba que el material que se decía recibido no se entregó y que los pagos se hicieron a sabiendas de esa ausencia de efectivo suministro del material», incide.
La Diputación de València, tras constatar en dos inspecciones realizadas en 2016 que el ayuntamiento sólo había recibido 640 respaldos de butaca, 640 asientos y 660 carcasas, aunque ni los laterales de apoyabrazos ni la fijación al suelo, por lo que no se podía montar ni una sola butaca, llegó a reclamar al consistorio la devolución de 185.000 euros de la subvención, si bien los tribunales eximieron a la corporación local de esta obligación.
La Audiencia, como adelantó el domingo en exclusiva Levante-EMV, ha revocado por tercera vez el auto de sobreseimiento dictado por el juzgado de instrucción número 5 de Alzira en una resolución que recuerda que ya en las dos anteriores valoró que los hechos investigados podrían constituir, al menos, un delito de malversación de caudales públicos al haberse abonado al proveedor unas cantidades en pago del suministro de unos materiales que no se ha acreditado que hubieran sido entregados, requisito imprescindible en la licitación para abonar el mobiliario del teatro. Si bien los informes de la técnica municipal avalaban la recepción, las facturas del proveedor demuestran que no adquirió a su distribuidor parte de las butacas hasta casi 30 meses después de pasar la factura al cobro.
