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Sueca pierde 26.400 € por adjudicar la exalcaldesa una obra sin permisos

El ayuntamiento ha tenido que indemnizar a la empresa adjudicataria al no poder iniciarse el proyecto por carecer de autorizaciones de los pueblos por los que pasaba el tendido eléctrico

Una obra fallida contratada semanas antes de las elecciones municipales de 2019 por la entonces alcaldesa de Sueca, Raquel Tamarit, le ha costado 26.420 euros al ayuntamiento al tener que indemnizar con ese dinero a la empresa adjudicataria del proyecto por contratarla sin contar siquiera con la autorización a los alcaldes por cuyos términos municipales debía transcurrir un tendido eléctrico.

El ayuntamiento adjudicó la línea de media tensión Benicull-Sueca por 840.657 euros, a los que cabía sumar 176.538 de IVA. Pero el proyecto nunca se pudo poner en marcha al no contar con los preceptivos permisos que debían negociarse con los propietarios de los terrenos. Ahora, además de indemnizar a la empresa perjudicada, se tendrá que rehacer el proyecto original con el visto bueno de los ayuntamientos de Benicull, Polinyà y Riola.

El 12 de marzo de 2019, a las puertas de las elecciones municipales, Raquel Tamarit firmó el contrato de adjudicación de la obra, que se licitó en poco más de un millón más IVA y se acabó adjiudicando por 1.017.195, impuestros incluidos. Un mes después, la empresa entregaba al ayuntamiento el programa de trabajo. Y justo al día siguiente, el 12 de abril de 2019, por resolución de la alcaldesa, se suspendía temporalmente el inicio de la ejecución de las obras «hasta que se informe favorablemente sobre la concesión de las autorizaciones administrativas preceptivas por parte otras administraciones públicas, y así dar conformidad al proyecto de ejecución de las obras por sus dominios». Esa suspensión contó con el aval del técnico responsable del contrato.

Meses más tarde, ya con el socialista Dimas Vázquez al frente de la alcaldía, se emplazó en audiencia al adjudicatario para resolver el contrato. «Hemos llegado a mediados de octubre sin que los informes favorables pertinentes y las autorizaciones preceptivas hayan sido emitidas, cono lo cual es imposible que se inicien las obras, las cuales, al estar financiadas como fondos procedentes del remanente del presupuesto municipal de 2017, tienen que estar acabadas y abonadas dentro de este ejercicio de 2019. Ello supone que el plazo de ejecución de 8 mesas es de imposible cumplimiento antes del 31 de diciembre de 2019», admitían los informes municipales.

Además, el nuevo ejecutivo local comprobó que algunos de los organismos que debían autorizar el proyecto obligaban a introducir modificaciones que desvirtuaban el proyecto inicial. Con ello, se corría el riesgo de que, después de introducir todos los cambios reclamados por los organismos competentes, «el resultado fuera un proyecto tan sustancialmente diferente al que se licitó que la adjudicación no se ajuste a derecho y se vulneran los principios de la contratación administrativa».

El actual gobierno municipal ha logrado rebajar prácticamente a la mitad las pretensiones indemnizadoras de la empresa adjudicataria, que reclamaba 25.219 euros más por lucro cesante.

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