El decano del Colegio de Abogados de Alzira, Agustín Ferrer, ha denunciado la «indefensión» que sufren los damnificados de la pantanada de Tous a los que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) está reclamando préstamos formalizados hace casi cuarenta años ya que, por un lado, en diferentes casos la persona que concertó la operación ha fallecido y la demanda se dirige contra su viuda -personas ya octogenarias- o herederos que no tuvieron conocimiento directo de estas operaciones y, por otro, porque dado el tiempo transcurrido no conservan ninguna documentación que permita demostrar el pago de los créditos «y tienen muy difícil poder defenderse» ya que, además, las entidades bancarias con las que operaron han desaparecido, por lo que no tienen la posibilidad de solicitar un justificante.
«No se corresponde con una situación normal que una entidad pública como el ICO reclame 38 años después estos créditos derivados de unas inundaciones en las que se demostró la responsabilidad del Estado», comentó Ferrer, mientras detallaba que la casuística de los damnificados que están recibiendo estas reclamaciones es variada, ya que hay tanto afectados que se acogieron a alguno de los decretos dictados por el Gobierno para intentar cerrar el caso Tous como damnificados que percibieron la indemnización a través de la sentencia judicial. En ambos casos, recordó, la Administración tenía la posibilidad de compensar las deudas al realizar la liquidación.
El decano del Colegio de Abogados señaló que, dado el tiempo transcurrido, en algunos casos los intereses que reclama el ICO superan el capital inicial del préstamo y no dudó en señalar que «nos parece que es una grave injusticia para La Ribera y se vuelve a victimizar a la gente creando una situación muy lamentable para viudas y herederos que nada tienen que ver con esto».
Como ha informado en exclusiva Levante-EMV, el ICO ha lanzado una nueva remesa de reclamaciones judiciales o requerimientos de información previos a las demandas para recuperar préstamos que los afectados por las inundaciones de octubre de 1982 solicitaron para rehacer sus vidas tras la catástrofe y de los que se creían liberados tras las diferentes fórmulas arbitradas para cerrar este largo conflicto. Incluso alguno de los damnificados alega haber devuelto esos préstamos.
Esta nueva remesa de reclamaciones se produce después de que la Audiencia de València haya fallado a favor del ICO en las primeras demandas formalizadas en la primavera de 2018 y que, en primera instancia, habían tenido una resolución dispar. No obstante, los diferentes recursos interpuestos por las partes han derivados en condenas a los damnificados.
Fuentes del ICO, entidad que asumió los activos de otras entidades de crédito oficial, enmarcaron estas demandas en un proceso de recuperación de préstamos iniciado en 2017, una vez vencidas todas las moratorias derivadas de los decretos gubernamentales, en el que se mantiene abierta tanto la vía judicial como la extrajudicial.
Agustín Ferrer comentó que desde hace un par de meses se ha producido un goteo de demandas del ICO dirigidas a damnificados de las inundaciones de 1982 y no ocultó su sorpresa al considerar que estas reclamaciones «provocan una indefensión». «Nos vemos en la tesitura de tener clientes que no han tenido conocimiento personal de lo que sucedió porque la persona que firmó el préstamo ha fallecido», incidió.
El alcalde de Alzira, Diego Gómez, ha reclamado públicamente una solución política que acabe con los créditos de la pantanada.
