La alcaldesa del Llaurí, la socialista Ana María González Herdaro, aceptó ayer una pena de 960 euros de multa y ocho meses de retirada del permiso de conducir en un juicio rápido por un delito contra la seguridad vial por circular bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Tras conocer la decisión judicial, el PSPV ha abierto un expediente «para analizar lo sucedido en este caso y valorar las posibles repercusiones».

González Herdaro admitió su responsabilidad ante el Juzgado de Instrucción número 20 de Valencia. De ahí que se le rebaje la pena inicial que solicitaba el Ministerio Fiscal, de 1.440 euros de multa y un año de privación del derecho a conducir vehículos a motor.

Según los hechos declarados probados, a las 18.45 horas del pasado sábado la alcaldesa de Llaurí conducía el vehículo, modelo Toyota C-HR, por la Marina de València «afectada por la ingestión precedente de bebidas alcohólicas, con la consiguiente merma de reflejos y pérdida de atención en la conducción».

Dos pruebas

Tras ser parada por la Policía Local de València en un control de alcoholemia, los agentes comprobaron que la conductora no se encontraba en condiciones de manejar el vehículo al mostrar evidentes signos de haber consumido bebidas alcohólicas, como pupilas dilatadas, rostro congestionado y fuerte aliento a alcohol.

En la prueba de alcoholemia, Ana María González Herdaro dio una tasa de 0,81 miligramos por litro de aire espirado en la primera, y 0,78 mg en la segunda, realizada con el etilómetro evidencial un cuarto de hora después.

La propia alcaldesa aseguró que su positivo superando con creces la tasa de alcohol al volante permitida por la normativa de tráfico «le puede ocurrir a cualquiera», aunque puntualizó que «eso no es excusa». González quiso dar ayer su versión de los hechos ocurridos con una publicación en sus redes sociales asegurando que bebió «dos cervezas» a las que añade «no más de dos copas de vino» durante una comida que «casi» no probó porque «no tenía hambre». Su mensaje contó con numerosas respuestas de apoyo por parte de vecinos de la localidad y amigos, que restaron importancia a lo ocurrido.

«Mismo trato ante la ley»

Tras conocerse el alcance judicial de los hechos, se pronunció también su partido, el PSPV-PSOE. La formación de la rosa se manifestó de forma prudente. Lejos de expulsarla o de reclamarle el cargo, anunció una investigación interna: «Se iniciará un expediente informativo a raíz de los hechos ocurridos el pasado sábado en los que se vio involucrada la alcaldesa de Llaurí, Ana María González. El Partido Socialista inicia este trámite para analizar lo sucedido en este caso concreto y valorar las posibles repercusiones». No obstante, los socialistas valencianos no aclararon el alcance que podría tener dicho proceso.

Tampoco obviaron el fallo judicial que sobre González pesa y que ya tiene consecuencias en forma de sanción. El PSPV manifestó su «firme compromiso con el cumplimiento de la legalidad en todas las circunstancias» y reivindicó que todas las personas «deben tener el mismo trato ante la ley». «En este sentido, y ante una situación complicada, el partido estudiará el caso desde el máximo respeto a la legalidad y la acción de la justicia», concluyó la formación.

Dilatada trayectoria

Ana González se convirtió, en junio de 2003, en la alcaldesa más joven de la comarca. Con 25 años accedió a la vara de mando gracias a una mayoría simple aunque no acabó la legislatura debido a una moción de censura en 2005. En la siguiente legislatura volvió a ser la candidata más votada, aunque finalmente compartió la alcaldía con el partido independiente Gent de Llaurí.

Pese a que, nuevamente, fue la opción más votada por sus vecinos en los comicios de 2011, sus socios de la legislatura anterior conformaron un gobierno con el Partido Popular. Desde 2015, ninguna formación le ha hecho sombra y ha gestionado un ayuntamiento que, pese a su reducido tamaño, ha sido uno de los más complejos de la comarca por la delicada situación económica que ha arrastrado durante años debido a un conflicto urbanístico cuyo desenlace dejó al consistorio con las cuentas embargadas y con todos los bienes municipales subastados.