Carmen recuerda la pantanada como una vivencia «traumática». Primero porque abandonó su casa a toda prisa al escuchar en la radio que las autoridades recomendaban que en Xàtiva la gente se refugiara en sitios altos sin decir nada de Alzira -un mensaje que aquella tarde del 20 de octubre de 1982 contribuyó al caos- y pudo salir con su familia en dirección a La Barraca «con el agua pisándonos los talones», relata. Pero, sobre todo, porque la inundación afectó al taller de su padre, a la vivienda familiar «que era un primero» y al piso que se había arreglado para casarse, también en una primera planta, «y no teníamos seguro». «Si no nos vamos nos hubiera cogido en casa», apostilla.
Asegura que la reclamación del ICO le ha removido todos los recuerdos de aquella tragedia. «Fue un sufrimiento muy grande». «Yo vivo en un cuarto piso porque me quedé traumatizada. En octubre de 1982 me entraron 70 centímetros de agua en casa y en 1987 estuvo a punto de volver a entrar, por eso me tuve que ir. Yo en la pantanada era joven y lo llevas bien, pero la gente mayor lo pasó muy mal y muchos tuvieron que abandonarlo todo e irse a vivir a otros sitios», señala, al tiempo que recuerda episodios de sufrimiento como el de una amiga que cayó en depresión después de refugiarse en la terraza de su casa la fatídica noche del 20 de octubre y escuchar en la radio que la presa aún no se había derrumbado y ya no podía ir a ningún sitio más.
«No nos quitamos de encima ni el recuerdo ni el barro, que sea lo que Dios quiera porque no sabemos como se va a solucionar esto, pero queremos que se acabe pronto», señala esta afectada.
«Sólo quiero que esta pesadilla se acabe, ya hemos sufrido bastante». La comunicación de la demanda formalizada en el juzgado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para reclamar un préstamo que su padre y un socio solicitaron en el año 1983 para reactivar un negocio tras las inundaciones provocadas por la rotura de la presa de Tous generó en Carmen -nombre ficticio ya que prefiere mantener el anonimato- una sensación de «gran impotencia y rabia» que con el tiempo ha virado hacia la resignación. «Ahora ya me he hecho a la idea y el jueves acudí a la inmobiliaria para hablar de la venta de un local que tenemos. Si nos obligan a pagar se paga y nos olvidamos del tema porque yo tengo hijas y sobrinos y no queremos que esa deuda pase a la siguiente generación», relata esta vecina de Alzira, mientras señala que por la información que ha recibido la deuda se hereda. El ICO dirige la reclamación a su madre, viuda de 83 años que, con una pensión de 700 euros, difícilmente puede asumir la devolución del dinero. «De esto ella no tenía ni idea», asegura.
El préstamo que solicitaron los dos integrantes de la sociedad civil en la que participaba su padre ascendía a 3.400.000 pesetas (20.400 euros), pero la reclamación del ICO con los intereses se ha disparado hasta 38.240 euros, casi el doble. Según relata, ha vivido desde hace aproximadamente once años con el «pleno convencimiento» de que «no debíamos nada». Su padre ya había fallecido cuando el otro miembro de la sociedad, que siempre había estado vinculado a las asociaciones de damnificados Afiva y Apemeda, por lo que era el que se encargaba de todo lo relacionado con la pantanada, le comunicó allá por el año 2010 que se habían condonado los créditos. Esta persona falleció en 2015. La demanda se dirige también contra sus herederos.
«Es injusto porque ha transcurrido mucho tiempo, mucha gente ha fallecido ya y hemos vivido con mucho temor», expone esta vecina de Alzira, que ha buscado un abogado para defenderse de la reclamación del ICO, aunque es consciente de que conseguir una resolución favorable va a ser complicado tras las primeras sentencias de la Audiencia de València que, como ha informado Levante-EMV, han dado la razón a la banca pública.
El ICO, tras esas resoluciones fechadas el año pasado, ha lanzado en 2021 una nueva remesa de reclamaciones que ha provocado que el Ayuntamiento de Alzira aprobara el miércoles una resolución en la que solicita al Gobierno una solución política para cerrar el caso Tous de una forma definitiva con el archivo de estas demandas. El decano del Colegio de Abogados, Agustín Ferrer, también denunció la indefensión de los damnificados debido a los casi 39 años transcurridos, por lo que ya no conservan documentación o porque la persona que gestionó el crédito ha fallecido.
