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El pago de 1,3 millones del canon de vertidos llega hasta el Supremo

Cuestionan que la CHJ aplique a todas las aguas la penalización como industriales

Instalaciones de la depuradora ubicada en Carcaixent. | V. M. PASTOR

Instalaciones de la depuradora ubicada en Carcaixent. | V. M. PASTOR

La comunidad de usuarios de la depuradora comarcal, que trata las aguas residuales de Alzira, Carcaixent, Castelló y La Pobla Llarga, ha acordado recurrir al Tribunal Supremo la liquidación del canon de control de vertidos del año 2011 al objeto de reducir en lo posible el importe de 1.381.024 euros que la Confederación Hidrográfica del Júcar pasó al cobro. El pago del canon por los vertidos que se realizan a cauce público, en este caso el Xúquer, ha sido fuente de litigios desde hace más de una década ya que algunos ayuntamientos de forma individual primero y, con posterioridad, la comunidad de usuarios, han cuestionado los conceptos que aplica la CHJ para calcular la liquidación, si bien es la primera vez que llega al Alto Tribunal. La decisión de interponer este recurso se produce después de que la Audiencia Nacional confirmara el importe fijado al desestimar la impugnación de la comunidad de usuarios.

Los ayuntamientos cuestionan que la CHJ aplique como precio básico de la liquidación el correspondiente a vertidos de carácter industrial, al entender que se apoya en «meras estimaciones no contrastadas con datos reales», y emplaza a girar una nueva con la tarifa correspondiente a aguas residuales urbanas, más económica o que, en todo caso, se apliquen de forma separada ambos precios básicos en función de las aguas que la CHJ considera que son industriales o urbanas.

El origen del debate se encuentra en el cálculo realizado por la Confederación, que estima el volumen de aguas residuales de carácter industrial en un 38,10 % del total y, al superar el límite del 30 %, aplica esta tarifa más elevada a todos los vertidos realizados ese año por la depuradora que trata las aguas de estos cuatro municipios. Además, la CHJ aplica otra penalización ya que la depuradora aún no contaba en 2011 con la autorización de vertido, un permiso que concede la propia CHJ y que no consiguió hasta el año siguiente a pesar de estar en funcionamiento desde 2007.

Prácticamente todas las liquidaciones giradas desde entonces se han impugnado, incluso las aplicadas después de obtener la autorización de vertido que ya se reducían sustancialmente, y en este proceso el Ayuntamiento de Alzira consiguió reducir un 84 % las correspondientes a los años 2006 y 2007.

La liquidación inicial del año 2011 era incluso superior ya que alcanzaba 1,5 millones, si bien una sentencia del Tribunal Supremo alegada en este proceso por la comunidad de usuarios redujo la penalización máxima que imponía la CHJ al equiparar los vertidos de la depuradora a aquellos con una elevada carga contaminante, por lo que redujo el importe de la misma a 1,3 millones. En la medida que se ha recurrido cada una de las liquidaciones, los ayuntamientos también han tenido que reservar fondos en previsión de que, cuando concluya cada uno de los procesos, deberán hacer frente al importe del canon de control de vertidos que fijen los tribunales en cada año.

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