La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, se comprometió ayer a mediar en busca de una solución a las reclamaciones que está cursando el Instituto de Crédito Oficial (ICO) en los juzgados por préstamos concedidos a damnificados por las inundaciones provocadas por la rotura de la presa de Tous en octubre de 1982. Si bien únicamente ha trascendido una decena de demandas, resueltas mayoritariamente a favor del ICO, el alcalde de Alzira, Diego Gómez, alertó ayer de que en base a la información recopilada puede haber cerca de «200 recursos pendientes».
El gobierno municipal ya trasladó semanas atrás a Calero la preocupación por el goteo de reclamaciones de créditos que están recibiendo en muchos casos viudas o los hijos de personas que sufrieron las consecuencias de la pantanada y han fallecido, por lo que sus descendientes apenas disponen de información, como ha informado en primicia en los últimos meses Levante-EMV.
La corporación municipal ya aprobó en abril una resolución en la que, tras calificar como injustas unas reclamaciones que se producen casi 39 años de las inundaciones, pedía al Gobierno central que frenara estas demandas y cerrara de forma definitiva «este capítulo negro de la historia de la Ribera».
Diego Gómez y el edil Fernando Pascual entregaron ayer a la delegada del Gobierno documentación de familias a las que el ICO reclama deudas por créditos concertados en los años 1982 y 1983 y que crecían condonados o incluso ya pagados. Fuentes de la Delegación del Gobierno indicaron que «se van a destinar todos los recursos de que disponemos para encontrar una solución» y, de hecho, anunciaron que sin ir más lejos la próxima semana se celebrará una primera reunión de carácter técnico.
«Hemos entregado la documentación y la secretaría de la delegación del Gobierno va a analizar lo que está pasando», comentó Gómez, mientras recordaba que al frente de la misma se encuentra Luis Felipe Martínez, que en su etapa com subdelegado del Gobierno fue uno de los artífices del acuerdo firmado con los damnificados en al año 2008. «Van a estudiar la documentación, se celebrará esa reunión técnica y, a partir de ahi, Gloria Calero nos ha dicho que realizará las gestiones en el ámbito político porque comparte que es una situación injusta», explicó el alcalde de Alzira.
El ayuntamiento pide paralizar los procesos judiciales
El alcalde de Alzira, Diego Gómez, trasladó ayer a la delegada del Gobierno la petición de que se actúe políticamente para intentar paralizar las reclamaciones judiciales del ICO a los damnificados ya que, según dijo, transcurridos casi 40 años se dirigen contra los herederos de las víctimas de las pantanada y por primera vez puso cifra al posible volumen de reclamaciones al hablar de alrededor de 200. El ICO comentó en su día que representaban menos del 1 % de todas las operaciones formalizadas.
