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Carcaixent descarta recurrir el fallo que anuló la subida fiscal y recortará 1,2 millones

El gobierno de Salom tendrá que reducir en solo seis meses los gastos para ajustar el presupuesto municipal al fallar los ingresos previstos

La policía tuvo que intervenir en el pleno de noviembre de 2019 ante la algarada vecinal. | VICENT M. PASTOR

El gobierno de Carcaixent descarta recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que anuló la urgencia con la que se convocó el pleno de diciembre de 2019 en el que se subieron algunos impuestos. De ese modo, encara lo que resta de año con el complicado reto de plantear un recorte de 1,2 millones de euros a las cuentas de 2021 para cuadrarlas.

Así lo confirmó ayer a Levante-EMV el alcalde de la ciudad, Francesc Salom: «Asumimos la sentencia y ahora nos tocará valorar qué hacer. Ir a casación no valdría la pena, aunque nos daría más tiempo, pero debemos ser honestos y no seguir adelante con esta batalla, pero esto nos deja en un callejón sin salida», aseguró.

El tribunal estimó el recurso presentado por Units per Carcaixent, que apelaba a anomalías en los plazos de convocatoria del pleno, que se planteó como urgente en diciembre de 2019 tras la suspensión de la accidentada sesión de noviembre, que era en la que se debía haber aprobado la ordenanza para que entrara en vigor al año siguiente.

El propio alcalde reconoció que ahora se plantea un escenario «muy incierto». Dadas las fechas en las que se toma la decisión, todavía se llegaría a tiempo de emitir el cobro de recibos en base a la antigua ordenanza. «La sentencia dice que la aprobada en diciembre es nula, así que se tendrá que mantener la de 2019. Eso implicará que este año deberemos recortar 1,2 millones del presupuesto, siendo conscientes de que así no se pueden prestar los mismos servicios», explicó Salom.

Si se tiene en cuenta que las cuentas de Carcaixent alcanzan, aproximadamente, los veinte millones de euros, ahora deberá renunciar a un 6 %. «Muchas de las partidas son gastos fijos, así que el margen de maniobra es muy estrecho», comentó al respecto el alcalde.

De nuevo, la máxima autoridad municipal cuestionó la actuación de la líder de Units, Ana Calatayud: «Ella desequilibra las cuentas pero cuando le pides que plantee los recortes a realizar te dice que ese marrón te lo comas tú. La ordenanza no estaba mal planteada, pero tiene una obsesión por tumbar al equipo de gobierno que le lleva a este extremo, a tomar decisiones que no perjudican al alcalde y los concejales, sino a todo el pueblo», manifestó.

En busca de mayorías

El problema no concluye ahí. El ejecutivo promovió la subida de impuestos ante la necesidad de abordar el incremento en los gastos derivados de la gestión diaria del municipio, por lo que conservar el gravamen de 2019 implica apretarse el cinturón.

También existe la posibilidad de poner de nuevo sobre la mesa una nueva modificación de la ordenanza para aplicar el mismo régimen de impuestos del año pasado. Eso sí, sin que el tiempo apremie como ocurrió en 2019. No obstante, el ejecutivo local deberá recabar, al menos, un apoyo del hemiciclo, ya que desde la salida del concejal no adscrito Juan Albert, Compromís y PSPV gobiernan en minoría. No será una tarea sencilla.

«Vienen meses de estudiar y debatir para plantear qué hacer en 2022. Si la mayoría del pleno quiere que no se suban los impuestos, tendremos que vivir con ese 1,2 millones de euros menos. Sin un presupuesto cuadrado no podemos prestar servicios como la recogida de basuras, la limpieza o la policía en las mismas condiciones que ahora. Milagros no se pueden hacer, no se puede querer todo sin pagar nada. Todo tiene un coste», sentenció Salom.

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