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La urbanización fantasma de Càrcer sigue en el limbo una década después

El alcalde incide en que el ayuntamiento no puede asumir el complejo residencial inacabado y saqueado tras diez años con las obras paralizadas y emplaza al Consell a dar una solución

Perspectiva de una de las calles en la que quedaron viviendas inacabadas que han sido literalmente desguazadas. | PERALES IBORRA

Perspectiva de una de las calles en la que quedaron viviendas inacabadas que han sido literalmente desguazadas. | PERALES IBORRA

El futuro de la urbanización fantasma de Cárcer sigue en el aire tras una década de parálisis y saqueos en un complejo residencial con una treintena de viviendas finalizadas y otras 68 que quedaron por concluir. El alcalde, Josep Botella, ha explicado que «el consistorio sigue sin tener ninguna intención de hacerse cargo del mantenimiento del proyecto urbanístico fallido», y reclama que «los verdaderos responsables que empezaron lo que es ahora un complejo residencial en ruinas, busquen una salida a uno de los mayores planes inmobiliarios que tumbó la crisis en la Ribera».

A principios de la década anterior, Cárcer presenció el nacimiento de un proyecto que, de la nada, prometía aumentar la población de forma considerable. Se llamaba «Aldea Mayor», un plan urbanístico que proponía convertir una zona agrícola a poco más de un kilómetro del núcleo urbano en un área residencial dirigida a matrimonios de la tercera edad con un poder adquisitivo medio-alto procedentes del centro y norte de Europa.

Tras una primera propuesta, el promotor cambió la idea para acabar diseñando un proyecto urbanístico con 355 viviendas en torno a edificios de servicios con el nombre de «Jardines de Azahar». Cuando llegó el inicio de las tan esperadas obras, el nuevo proyecto que empezaba a tomar forma pasó a llamarse «El Valle del Sol de Cárcer», una urbanización para gente joven con casas de hasta 100 m2 y 160.000 euros cada una.

Tras una primera fase de construcción en la que se esperaba edificar 115 viviendas, la crisis económica e inmobiliaria cogió por sorpresa al proyecto urbanístico de Cárcer. El resultado fue el que está hoy a la vista: un esqueleto de hormigón con 38 casas terminadas y 65 por acabar. Según Botella, «el promotor no cumplió con sus obligaciones tras la paralización» y califica el complejo como «120.000 m2 de puro atentado ambiental».

Los primeros años una empresa se hizo cargo del mantenimiento y, vencido un plazo de cinco años, emplazó al ayuntamiento a que recepcionase la obra. El consistorio solicitó en 2017 un informe que cifró en 180.000 euros los daños derivados de los saqueos y los robos en la urbanización fantasma. «Se llevaban trapas de alcantrilla e infraestructura eléctrica, no dejaron nada», declara el alcalde.

La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) asumió un 75% de la propiedad ante la crisis de una de las promotoras.

En octubre de 2017, casi diez años después del inicio del proyecto y tras varios litigios, Cárcer recuperó 87.000 € al incautar la fianza de la promotora en una reforma de ampliación que finalmente no se llegó a llevar a cabo. Lo último que ha trascendido de la «urbanización fantasma» es que la Sareb puso a la venta el complejo por casi 1,5 millones de euros.

El alcalde de Cárcer alega «el casi inexistente poder económico» de un municipio tan pequeño como el suyo y declara que «es imposible que el ayuntamiento pueda hacerse cargo del mantenimiento». «Yo siempre tuve dudas de si este proyecto podía ser viable. Somos un pueblo de interior en riesgo de despoblación», afirma. El munícipe considera que Aldea Mayor es un «caso perdido que quedará en el paisaje de Cárcer». «La única salida es la recalificción. Necesitamos un cambio, y ese cambio solo puede venir desde arriba», concluye Botella.

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