Los motores no volverán a rugir en Guadassuar. El Circuit de la Ribera anunció ayer su cierre definitivo tras cuatro años convulsos marcados por las deudas y las obras imprevistas. Sobre él pesaba una orden de embargo, aunque la empresa alegó que el cese de su actividad se debe a la existencia de un «macrovertedero ilegal» subterráneo.
Lo que era el un sueño ilusionante de un empresario se ha convertido en una experiencia muy corta y controvertida. Las obras se llevaron a cabo entre las presiones de vecinos y colectivos ecologistas. Más tarde de lo que le habría gustado al promotor, y tras una inversión cercana a los diez millones de euros, el circuito realizó una espectacular inauguración hace ahora cuatro años.
No obstante, los vehículos pudieron rodar muy poco sobre el asfalto ya que, tan solo un año después, el ayuntamiento ordeno el cierre de las instalaciones al airearse informes técnicos que aseguraban que tenía un aforo superior al permitido. La empresa presentó un recurso con el objetivo de paralizar la decisión y conservar la actividad. Finalmente, la clausura llegó a mediados de 2019, rodeada de polémica entre el consistorio y la empresa. Y, cuando parecía que se veía la luz al final del túnel tras cumplirse los requisitos reclamados por las autoridades locales y tras una victoria judicial, ya entrado el año 2020, llegó la pandemia.
El proyecto no terminó de arrancar después de una potente inversión y, de hecho, prácticamente ha pasado casi tanto tiempo abierto como cerrado entre los problemas administrativos y la situación sanitaria. Una circunstancia que ha lastrado la economía de la empresa hasta el punto de producirse un embargo sobre el circuito. Hace varios meses, algunos usuarios que tenían boxes alquilados incluso fueron instados a retirar de ellos sus pertenencias ante lo que parecía el cierre inminente de las instalaciones. Algo que no se confirmó hasta ayer.
La empresa ha evitado entrar en detalles sobre su situación económica y atribuye la clausura a problemas medioambientales. En concreto, aseguró que existía «un macrovertedero ilegal ubicado en la pista de pitbikes y parte del aparcamiento» que los propietarios del terreno supuestamente habrían ocultado. «Tiene una profundidad de 10 metros, 12 desde la capa superior, y tras los análisis, es altamente contaminante. Debajo, hay un acuífero muy importante para la zona de la Ribera, que podría estar contaminado. La reparación de dicho vertedero tiene un coste muy, pero que muy, elevado. Los propietarios se niegan a limpiarlo, lo que nos fuerza a marcharnos», añadió.
Apoyo en redes sociales
Fuentes municipales aseguraron a Levante-EMV que el consistorio no tenía constancia de la problemática a la que alude la mercantil y que jamás se había detectado el citado vertedero durante las inspecciones técnicas.
Algunos vecinos cuestionaron ayer la versión oficial de la empresa y alegaron que, durante décadas, los terrenos sobre los que se asienta el circuito formaban parte de una explotación agrícola. Con todo, la mayor parte de los comentarios que se publicaron en redes sociales eran de consternación y de apoyo al circuito.
Por último, la empresa agradeció el desempeño llevado a cabo por sus empleados: «Sentimos profundamente que las 33 familias que trabajaban en nuestras instalaciones, no vayan a poder seguir trabajando con nosotros. Estamos encantados de haberos tenido entre nosotros y de empujar hasta el final. También sentimos que todos los amantes de este mundo dejen de disfrutar de nuestras instalaciones».
