Los impuestos erosionan el gobierno de Carcaixent. PSPV y Compromís llevan semanas negociando para limar sus diferencias en torno a la subida de las tasas municipales, pero hasta el momento han fracasado todas las vías de entendimiento. Y ya se han encendido las alarmas incluso en el Botànic: anoche se activó desde la sede autonómica del PSPV una última vía para desencallar la crisis. El alcalde, Paco Salom, admitió ayer que el diálogo entre los socios del ejecutivo local «no está avanzando» y los socialistas se mantienen firmes en la decisión de no permitir un aumento de impuestos. La negociación, por tanto, está bloqueada.
Salom considera imprescindible recaudar 1,2 millones para cuadrar las cuentas municipales y ha pedido al PSPV un listado de las áreas que deberían sufrir recortes si no se incrementan los tributos. «Estoy esperando a que me digan de dónde sacamos el dinero, por dónde hay que reajustar el presupuesto. De momento no han hecho ninguna propuesta», espeta Salom.
La ordenanzas fiscales fueron anuladas por una sentencia del TSJ por un defecto de forma en la convocataria del pleno. El desencuentro de los dos socios del gobierno local (Compromís y PSPV, a los que suma un edil expulsado de Ciudadanos) ha generado una tensión que está a punto de fracturar el ejecutivo local. Y en la oposición ya se frotan las manos. El PP logró en la reunión de la comisión de Hacienda celebrada hace una semana aprovechar el río revuelto para aprobar una propuesta para que el tipo impositivo del IBI urbano sea de 0,741% y no de 0,740%, como proponía el alcalde. El PSPV se abstuvo y Compromís se lo tomó como la última afrenta. En cualquier caso, el alcalde acepta todas las propuestas de diálogo para salvar el ejecutivo local. Anoche acudió a la reunión promovida por Juan Albert y diversas fuentes también aseguran que ha admitido reunirse con la dirección valenciana del PSOE para buscar vías de aproximación que salven el pacto local.
Los impuestos se han convertido en el terreno mejor abonado para desgastar al gobierno municipal. Un movimiento vecinal, alimentado por la derecha, se opuso frontalmente a la subida del IBI. El malestar se catalizó en la algarada que obligó a anular el pleno y en la que algunos concejales tuvieron que ser escoltados por la Guardia Civil. El alcalde alude al carácter progresivo de la contribución, en la que «quien más casas tiene, más paga» pero ese discurso no cala ni en sus socios socialistas.
El ejecutivo local está dividido. Salom asume que la sentencia del TSJ les han dado «una bofetada al equipo de gobierno», pero le duele más el «daño que le han hecho a la ciudadanía de Carcaixent, que verá recortados determinados servicios si el ayuntamiento no consigue los ingresos necesarios». El primer edil señala como «responsables directos» a Units y el PP, y añade: «Si el PSPV finalmente decide no apoyar los impuestos, serán corresponsables».
«No es momento de subir impuestos en plena crisis», replican los socialistas, un mantra del que no se han movido ni un milímetro. Proponen reestructurar el presupuesto municipal sin tocar los servicios públicos. El alcalde, sin embargo, ve «imposible recortar 1,2 millones sin tocar los servicios básicos».
Compromís teme que los socialistas «dan por acabada la legislatura » y pretenden desgastarles por cálculos electorales. Un gobierno alternativo es difícil pero no imposible. Las diferencias entre PP y Units dificultan un pacto alternativo, pero nada puede ya descartarse en Carcaixent.
