El prometido y deseado, a partes iguales, Palacio de Justicia de Alzira parece todavía un espejismo. La auditoría realizada por la Sindicatura de Comptes al Pla d’Infraestructures Judicials de la Comunitat Valenciana pone de manifiesto que, a fecha 30 de junio de 2021, tan solo se ha ejecutado el 0,41 % de la cuantía presupuestada por el Consell para el proyecto. A finales del pasado año, sin embargo, la titular de Justicia del gobierno valenciano, Gabriela Bravo, fijaba en 2023 la fecha en la que la sede, que pondrá fin a la dispersión de salas, estará operativa.
El informe recuerda que, según el cronograma del mencionado plan, la sede judicial de Alzira se tendría que haber acabado en marzo de 2020. Casi año y medio después, todavía no es una realidad. «En Alzira con el proyecto básico redactado se hubo de proceder a su reformulación, una vez se obtuvo del ayuntamiento la cesión de la parcela contigua, única solución posible para continuar con el proceso de construcción de una nueva sede. La parcela inicial cedida por el ayuntamiento permitía la construcción de un edificio con sótano que debía albergar un número significativo (superior a cincuenta) plazas de aparcamiento. El informe municipal no advirtió en su momento de que el solar tenía una grave afectación por riesgo de inundación como refleja el Patricova», reconoce el documento.
El análisis realizado por el Síndic analiza el periodo comprendido entre 2018 y 2020, no obstante, incluye también una actualización a fecha de junio de 2021 en base a las alegaciones presentadas por la conselleria. Estas elevan la inversión total prevista para Alzira en 19,9 millones, muy por encima de los 14 que aparecían en el plan original. Asimismo, se indica que se han realizado adjudicaciones por valor de 355.277 euros. No obstante, el importe ejecutado a finales de junio de este año ascendía únicamente a 81.400 euros, es decir, el 0,41 % del total previsto. La Sindicatura de Comptes constata, por tanto, que la ejecución de las actuaciones adjudicadas «es prácticamente nula».
Diez mil metros cuadrados
El documento detalla la realidad judicial de la ciudad al señalar que cuenta con cuatro sedes (Sufragi 3, Ronda de Algemesí 13, Santos
Patronos y Ermita de la Sang 4). Al respecto, apunta que la «única opción plausible» para poner fin a la dispersión «es la construcción de nuevos edificios o habilitación para el uso judicial de otros ya existentes». En el caso concreto de Alzira, se optó por la primera vía.
No obstante, es una alternativa que lleva sobra la mesa aproximadamente 25 años y que, hasta ahora, todavía no se ha materializado. En su última visita a Alzira, la consellera Bravo prometió, sin embargo, que la reivindicación llegaría pronto a su fin. «No presentamos ideas, maquetas vacías o futuribles, presentamos un proyecto real que dispone de apoyo presupuestario para que pueda estar finalizado en 2023», manifestó públicamente.
El Consell ha proyectado un edificio de más de 10.000 metros cuadrados repartidos en cinco plantas con capacidad para nueve juzgados, dos más de los existentes, que además tendrá una reserva de espacio que permitirá futuras ampliaciones. La primera, según reveló entonces la consellera, podría ser la creación de un juzgado específico de violencia sobre la mujer en base a la petición elevada al Ministerio de Justicia. La previsión inicial fijaba, en finales de este año, el momento en el que la tramitación administrativa concluiría y permitiría licitar las obras para que se pusieran en marcha antes del primer trimestre de 2022. De ese modo, el ansiado Palacio de Justicia se estrenaría ya a finales de 2023. Su homólogo en el cargo en 1996, José Joaquín Ripoll, ya visitó la ciudad para buscar una ubicación idónea para agrupar todas las sedes. Desde entonces, el proyecto se quedó guardado en el cajón.
