Un juzgado de Sueca ha dictado apertura de juicio oral contra el exalcalde de Corbera y actual edil de Urbanismo, Jordi Xavier Vicedo, y la secretaria del ayuntamiento por un delito continuado de exacciones ilegales y un delito continuado de prevaricación en el conflicto con la cantera.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Sueca fija además de la apertura de juicio oral, que habían pedido la Fiscalía y la acusación, una fianza de responsabilidad civil subsidiaria de 261.931 euros a cargo de los dos acusados, con el Ayuntamiento de Corbera como responsable civil subsidiario.
El Ministerio Fiscal ha explicado que los hechos se remontan a octubre de 2014, cuando el entonces alcalde, Jordi Vicedo, concedió una prórroga de licencia a la mercantil que venía explotando la cantera de la localidad, Áridos Romafe SL, que había sido denegada en julio de 2012. Sin embargo, en vez de gravar a la cantera con los tributos conforme a la legalidad vigente, como el impuesto sobre construcciones y la tasa municipal por otorgamiento de licencia urbanística, el entonces alcalde estableció, según el relato del fiscal, unos pagos y prestaciones «absolutamente arbitrarios» y «sin base legal alguna». La concesionaria tuvo que aceptar esas condiciones para poder proseguir con la explotación, que suponían una serie de pagos en metálico por un total de 65.000 euros y unas prestaciones de acondicionamiento y limpieza de caminos y zonas del municipios, en las que desembolsó 22.054 euros.
La resolución por la que se prorrogó la licencia de la cantera hasta abril de 2015 fue adoptada «a instancias del alcalde» y con «el visto bueno, consentimiento y consciencia de su ilegalidad» de la secretaria del ayuntamiento, asegura el Ministerio fiscal. Finalizada esa prórroga, se concedió una nueva hasta septiembre de 2017 mediante una resolución de alcaldía, para la que el alcalde exigió varios pagos por un total de 90.000 euros, además de unode 30.00 euros en material y un porcentaje por tonelada extraída cuando se superaran las 600 anuales, que supusieron 19.393 euros más.
Quince años de inhabilitación
Una vez expirada, «y no satisfecho con las anteriores exacciones», el alcalde se reunió con la mercantil en octubre de 2017 en el ayuntamiento y exigió un aval de 600.000 euros para renovar la prórroga de la explotación, a lo que la empresa se opuso «ante la patente irregularidad de la exigencia y lo desorbitado de la misma». Ante esa negativa, el alcalde denegó la prórroga de la explotación y ordenó la paralización de los trabajos de la cantera, en una resolución dictada en enero de 2018 «sin fundamento legal alguno», afirma la Fiscalía.
El Ministerio Fiscal reclama para el exalcalde de Corbera una multa de 12.000 euros y cuatro años de suspensión de empleo público por un delito continuado de exacciones ilegales y 15 años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito continuado de prevaricación.
