La decisión del Ayuntamiento de Almussafes de abandonar la Mancomunitat de la Ribera Baixa, un acuerdo adoptado con los votos del gobierno municipal (PSOE) en el pleno del lunes, culmina prácticamente dos años de luchas internas en la izquierda de la comarca y deja el ente ante un futuro incierto.
Los problemas de la Mancomunitat de la Ribera Baixa se arrastran desde los días previos a su constitución tras las últimas municipales. La izquierda intentó pactar la presidencia y, en esa negociación, Compromís y EU ofrecían su voto al PSOE siempre y cuando ésta recayera en alguno de los pueblos más pequeños, en este caso, Fortaleny o Llaurí, es decir, Juani Clos o Ana González.
Cuando parecía que todo estaba acordado para que la Mancomunitat iniciara la nueva legislatura con buen pie, los representantes de Almussafes plantearon en la ejecutiva comarcal del PSPV que la presidencia debía recaer en la localidad con más militantes de la Ribera Baixa y finalmente el PSOE decidió presentar como candidata a la presidencia a Davinia Calatayud, concejal de Almussafes, que inicialmente fue aceptada por todos los grupos de la izquierda.
La negociación, no obstante, se rompió cuando el PSOE intentó vetar en Favara como representante en el ente comarcal al concejal de Compromís Arturo Escrig -que finalmente sería elegido presidente de la mancomunidad- para sustituirlo por una edil del PP.
Compromís y EU rompieron las negociaciones y decidieron presentar a Escrig como candidato. Estas tensiones ya provocaron que se aplazara el pleno convocado para la elección del presidente en un intento de reconducir la crisis que no llegó a buen puerto. Al final los votos de Favara, Corbera, Riola, Polinyà, Albalat y Benicull otorgaron la presidencia al regidor de Favara.
División interna en el PSPV
En esta votación ya afloraron los problemas en el PSPV de la Ribera Baixa ya que la representante de los socialistas solo obtuvo seis de los ocho votos posibles mientras se registraban dos abstenciones. Se crearon dos bloques y se repitió la situación vivida con la elección del alcalde de Cullera, Jordi Mayor, como diputado provincial, un cargo al que también aspiraba el alcalde de Almussafes, Toni González.
La no elección de Davinia Calatayud como presidenta acabó salpicando a la gestión de la Mancomunitat. La principal batalla de Almussafes se centró en atacar la mala gestión de los dirigentes para reclamar la deuda que tenía el Ayuntamiento de Cullera tras la salida que acordó el gobierno del PP de Ernesto Sanjuán. La demanda para reclamar a Cullera la parte de la deuda que no haya prescrito aún se dilucida en los tribunales.
Con todo, la izquierda, y en este caso el grupo mayoritario que conforman Compromís y EU, ha seguido intentando, sin descanso, buscar acuerdos que garanticen la operatividad y ha ofrecido al PSOE incluso una presidencia compartida, llegando a presentar la opción de una presidencia rotativa permanente que evite la situación generada por los posibles pactos. Esta situación no se ha producido debido al bloqueo que ejerce Almussafes en la ejecutiva del PSPV. La situación está ahora estancada generando mucha incertidumbre sobre el futuro de la Mancomunitat tras la inminente salida de Almussafes.
