Existe una ley que lo regula, pero la huella del franquismo es mucho más honda. A pesar de que en los últimos años ha crecido la conciencia democrática ante la necesidad de eliminar del espacio público el lastre de la dictadura, aún existen pueblos en los que se hace caso omiso de la legalidad. En la Ribera, las fachadas de las iglesias de la vieja Gavarda y Massalavés exhiben cruces que ensalzan a los golpistas del 1936. La ley de Memoria Histórica lo prohibe, pero las autoridades municipales o eclesiásticas hacen caso omiso. Las asociaciones memorialistas denuncian la «insumisión» que suponen estos casos y confían en que la nueva norma que ultima el Gobierno español lo resuelva con un «cuerpo sancionador eficaz».
En Massalavés, la fachada del campanario de la iglesia, propiedad del ayuntamiento, está presidida por una cruz y una lápida a los «caídos por Dios y por España», en la que figuran los nombres de los represaliados de la localidad del bando sublevado en la Guerra Civil junto al nombre de José Antonio Primo de Rivera «presente». El mismo símbolo e inscripción alberga la parroquia de Gavarda, pero en este caso solo con el nombre del fundador de la Falange Española.
Desde las asociaciones memorialistas reivindican que todas esas inscripciones desaparezcan. Matías Alonso, coordinador del Grupo por la Recuperación de la Memoria Histórica en el País Valencià, sostiene que «con la ley vigente en la mano, se tendrían que retirar esos vestigios franquistas». Según la legislación, las administraciones públicas deben retirar escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura.
El activista alerta de que la legislación de memoria histórica sigue «tan vigente como la de tráfico y sin embargo a menudo no encuentra una respuesta punitiva, no tiene ningún coste ni para ayuntamientos ni para particulares». Alonso, que ha participado en la elaboración de la ley estatal de memoria democrática, espera que la nueva norma en tramitación contenga un cuerpo sancionador «más eficaz» que acabe con lo que califica de «insumisión» institucional. «Pediremos la aplicación inmediata», advierte. También sostiene que los gobiernos municipales y autonómicos regentados por la derecha «anteponen su propio filtro ideológico por delante de la ley con la intención de frenar la memoria democrática». Alonso detecta una «proceso involutivo por parte de las derechas españolas que están volviendo a unos valores cercanos a la extrema derecha».
«Ninguna queja»
Sin embargo, Alonso se muestra optimista al cuantificar que en estos momentos más de la mitad de los pueblos retiraron las placas franquistas, pero aún quedan. Recientemente, Tous eliminó la calle General Mola, 47 años después de la muerte de Franco. El Senado instó al consistorio presidido por Cristóbal García, del PP, a modificar el callejero para cumplir con la ley.
En el caso de la cruz de Massalavés, la alcaldesa, Puri Noguera, que asegura desconocer la existencia de este vestigio y afirma que nunca ha recibido «ninguna queja»del vecindario, no quiso pronunciarse sobre los planes del consistorio en este asunto.
