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El alcalde de l’Énova alarga hasta 2042 el pago de la deuda heredada

El ayuntamiento se acoge a otra prórroga de cinco años para reducir en 12.000 € la cuota anual de amortización que asfixia a un ayuntamiento que debe 897.000 del plan de proveedores de 2011

Perspectiva de l’Énova con el campanario en el centro. | PERALES IBORRA

Perspectiva de l’Énova con el campanario en el centro. | PERALES IBORRA

La deuda de algo más de un millón de euros que hace una década afloró en l’Énova el Plan de Pago a Proveedores planteado por el Ministerio de Hacienda para que los ayuntamientos sacaran facturas de los cajones acompañará a la corporación local hasta el año 2042. El consistorio se ha acogido al Fondo de Ordenación que a principios del verano ofreció la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos a aquellos pueblos que tienen que hacer frente a una elevada carga financiera y que, en la práctica, se traduce en una ampliación en otros cinco años del período de amortización de la deuda pendiente que, en este caso, todavía asciende a 897.549,79 euros.

La operación permite reducir en 12.570 euros las cuotas que anualmente paga el ayuntamiento por amortización de préstamos, una cantidad que si bien no parece demasiado elevada, supone todo un alivio ante una situación económica que, según reconoce el alcalde, Tomás Giner, «sigue siendo dramática». «Para nosotros, 12.000 euros, es mucho dinero», señala.

El Ayuntamiento de l’Énova gestiona un presupuesto anual que no llega a 700.000 euros y arrastra además de los 897.549 € pendientes de amortizar del préstamo ICO, otros tres créditos por importe de 582.318 euros que se traducían hasta ahora en una cuota total de 99.597,88 euros al año. La posibilidad de acogerse a la nueva prórroga en el préstamo del ICO permite rebajar este importe a 87.000 euros. Todo un balón de oxígeno para el consistorio, que depende de las subvenciones que pueda captar para afrontar inversiones de mejora y que prevé aprovechar estos recursos para ayudar a entidades locales.

El Ayuntamiento de l’Énova vive una situación de asfixia desde que el Ministerio de Hacienda empezara a retenerle el 50 % de la participación en los tributos del Estado que le ingresaba de forma periódica para compensar la deuda derivada del Pan de Pago a Proveedores que, en 2011, ascendía a 1.064.109,16 euros. La aprobación de un plan de ajuste en 2017 abrió la puerta a concertar un préstamo con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para liquidar la deuda con el Estado, evitar la retención que éste venía practicando, y ahorrar 470.000 euros en intereses de un operación que rebajaba el horizonte del período de pago, inicialmente previsto en 2035, al año 2027.

No obstante, el ayuntamiento se acogió en enero de 2020 a una disposición del Ministerio de Hacienda que le permitía prorrogar diez años el período de amortización y la corporación aprobaba el pasado julio por mayoría absoluta (cuatro votos a favor del PSOE y una abstención de Compromís) la adhesión al nuevo Fondo de Ordenación que, según explicó el alcalde, prorroga hasta el año 2042 el período de amortización de la deuda heredada del préstamo ICO.

Tomás Giner recordó que desde 2017 el ayuntamiento está cerrando con superávit los ejercicios tras reajustar el presupuesto, aunque la ley obliga a destinar ese dinero a pagar deudas. El gobierno municipal trata de lograr que la Agència Valenciana Antidespoblament incluya a l’Énova en la relación de pueblos en riesgo para poder a optar a sus ayudas y también trata de captar fondos europeos que ayuden a costear pequeñas mejoras en el municipio.

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