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La reclamación de deudas a 67 afectados mantiene vivo el caso Tous 39 años después

La delegación del Gobierno espera que el Ayuntamiento de Alzira le facilite la relación de damnificados para mediar ante el ICO - El alcalde emplaza a aplicar ya una solución política y recuerda que la banca pública es la que tiene todos los datos

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Vivir la pantanada de Tous en primera persona Levante EMV

Sesenta y siete reclamaciones del Instituto de Crédito Oficial (ICO) de deudas por préstamos concedidos en los años 1982 y 1983 a damnificados por la rotura de la presa de Tous mantienen abierto el que se presume último fleco de un largo rosario de litigios y procedimientos administrativos derivados de la mayor catástrofe de la historia reciente de la Ribera cuando se cumplen 39 años de aquel funesto 20 de octubre. La delegación del Gobierno se dispone a mediar para que el ICO aplique un acuerdo del Consejo de Ministros del año 2008 que, tras la intervención de la entonces vicepresidenta del Gobierno, Mª Teresa Fernández de la Vega, contemplaba como principales medidas la condonación de los intereses e incluso de los préstamos si la deuda no superaba los 1.500 euros.

Así lo explicó ayer el subdelegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Luis Felipe Martínez, que en aquel momento ya participó activamente en la negociación con los damnificados y, según recordó, llevó personalmente a Madrid un gran número de expedientes. Martínez, que entonces también ejercía como subdelegado, dijo desconocer el motivo por el que no se incluyeron los créditos que desde la primavera de 2018 viene reclamando el ICO, como reveló en primicia Levante-EMV, aunque señaló que en base a la información facilitada por el Instituto de Crédito Oficial son 67 las reclamaciones que hay en curso en los tribunales. Otras ya han sido resueltas en favor de la banca pública. «Si hay una sentencia firme, no hay marcha atrás, si no hay sentencia, podremos hacer algo», comentó.

La identificación de esos afectados, en su mayoría herederos de las personas que solicitaron el crédito y que se han visto sorprendidos por la reclamación cuando creían que la deuda estaba saldada o condonada tras lo sucesivos decretos con los que se trató de dar carpetazo al caso Tous, se convierte ahora en la principal traba para elevar la petición al ICO. El tiempo juega en contra de los damnificados ya que las demandas siguen su curso en los juzgados.

El subdelegado del Gobierno indicó que está a la espera de que el Ayuntamiento de Alzira, que en su día medió para frenar estas reclamaciones e incluso aprobó una resolución en pleno por la que emplazó al Gobierno a dar una solución definitiva, le facilite la relación de damnificados que se encuentran en esta situación.

El alcalde de Alzira, Diego Gómez, se mostró ayer sorprendido ya que el consistorio ni tiene ni puede tener acceso a esa información, más allá de solicitar los datos a abogados que tiene constancia de que representan a algunos damnificados, y comentó que sería mucho más fácil que se recurriera al ICO o al despacho que está cursando las reclamaciones para disponer de la información completa, algo que Martínez considera inviable por la Ley de Protección de Datos. «Si se trata de eso, haremos la gestión, pero si como nos dijo Martínez es una cuestión política, alguien tiene que decir en Madrid que hay que parar esto, que se ha acabado, porque ya es hora», indicó Gómez.

Luis Felipe Martínez incidió en que la delegación del Gobierno necesita la relación de afectados para elevar la propuesta al ICO para que aplique el real decreto de 2008 y condone los intereses a los damnificados. «Los acuerdos se aplicaron. Estamos hablando de que eran casi 3.000 personas de las que solo quedan 67 que o no se acogieron porque no se enteraron o no dijeron nada o lo que fuera», explicó, mientras señalaba que, ya entonces, en la gran mayoría de casos, sino en todos, los intereses superaban el capital inicial.

El caso Tous todavía colea casi 40 años después a pesar de los sucesivos decretos-ley aprobados para zanjar el conflicto y de las sentencias judiciales. Las últimas reclamaciones del ICO han causado indignación. Si bien en primera instancia los juzgados han resuelto las demandas de forma dispar, la Audiencia de València ha fallado en todos los casos que han trascendido a favor de la banca pública.

El subdelegado del Gobierno recordó que tanto en 2006 con el PP en el Ejecutivo central como en 2008 con el PSOE, el Consejo de Ministros aprobó sendos decretos con la voluntad de zanjar el caso Tous. Ambos contemplaban la condonación de intereses. Luis Felipe Martínez destacó que, sobre todo en el segundo, con el trabajo desarrollado por Mª Teresa Fernández de la Vega como vicepresidenta del Gobierno, se contemplaron varios supuestos que resumió en dos: en el caso de damnificados con una deuda que no superara los 1.500 euros, intereses incluidos, ésta se condonaba, mientras que en aquellos expedientes que superaban esa cantidad se perdonaban los intereses que, según indicó, prácticamente en todos los casos superaban el capital principal.

Martínez indicó que esta es la solución que, a su juicio, considera que se debería aplicar, y que se dispone a plantear al ICO en la medida que pueda disponer de los datos de las damnificados.

Otras fuentes de la delegación recordaron que otros damnificados sí han pagado esos mismos créditos por lo que la condonación íntegra de los mismos supondría un agravio comparativo.

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