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El clamor por acelerar obras contra las riadas sacude los ayuntamientos

La federación vecinal emplaza a los partidos a reclamar fondos para 2022

Calles inundadas en el Carcaixent en el temporal registrado hace justo un año. | PERALES IBORRA

El debate sobre la necesidad de agilizar las obras que eviten las inundaciones que los barrancos provocan de forma cíclica en Alzira y Carcaixent se ha acabado por abrir paso en la agenda política. No se trata de una competencia municipal pero, tras largos años de espera, el clamor para que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), en colaboración con la Generalitat en algunos casos, promuevan actuaciones que se consideran imprescindibles para reducir el riesgo actual va en aumento. Ni las corporaciones ni la sociedad civil parecen dispuestas a consentir que se demoren estas inversiones, a juzgar por lo sucedido el miércoles tanto en el pleno de Alzira como en el de Carcaixent.

La Federació d’Associacions de Veïns de Alzira aprovechó el turno de ruegos para, justo cuando se cumplían seis meses del acuerdo unánime por el que el ayuntamiento reclamó al Gobierno que priorice la ampliación del barranco de la Casella, una obra clave en el desagüe de los barrancos de la cuenca este y del propio casco urbano, preguntar al conjunto de la corporación y a cada uno de los grupos políticos en particular si habían emprendido alguna iniciativa para que, a través de sus representantes en Madrid, se contemplen estas inversiones en los Presupuestos Generales del Estado de 2022. El portavoz de la federación, Voro Pérez, ofreció argumentos a los partidos para esas enmiendas -como los 350 millones de euros que los ciudadanos y empresas de Alzira abonan a la Administración, según un cálculo basado en cifras oficiales de impuestos y cuotas a la Seguridad Social de 2018- o los 33.000 electores que hay en la ciudad.

«Tenemos conversaciones con la CHJ y el equipo redactor de los estudios que se han encargado y conocemos las soluciones técnicas, nos han dicho que si hay fondos la prioridad será la actuación en los barrancos de la Casella y Barxeta», expuso, mientras señalaba que se puede aprovechar el trámite parlamentario del Senado para que los partidos incorporen a los presupuestos estas enmiendas.

El alcalde de Alzira, Diego Gómez, defendió que Compromís, a través del senador Carles Mulet, ya formuló alegaciones el año pasado y lo volverá a hacer ahora, y anunció que una vez el consistorio ha recibido los estudios encargados a dos técnicos de la UPV sobre el comportamiento de los barrancos de la cuenca este -Les Estreles, Fosch, Gracia Maria y el Barranc de l’Arena-, así como del canal interceptor, ha solicitado una nueva reunión con la delegada del Gobierno y la CHJ para ofrecer estos estudios y pedir soluciones.

Más agrio fue el debate en Carcixent, donde una moción suscrita por UxC, Ciudadanos y la concejal no adscrita Mónica Amorós reclamaba que el ayuntamiento empiece a desarrollar los proyectos que prevé el PGOU aprobado en 1998 para evitar las inundaciones que provocan el barranco de Barxeta, por un lado, y las aguas del Camí de Calciners y el barranco de Sant Antoni, por otro.

La parte expositiva de la moción indignó tanto al alcalde, Paco Salom (Compromís), como al PP, ya que señala que pese a conocer estas soluciones «ningún alcalde» había hecho nada por aplicarlas. El popular Salvador Ferrer y Salom indicaron que aunque el desvío del tramo final del Barxeta o del Barranc de Sant Antoni figuren en el plan general se trata de una competencia de la CHJ y que el papel del ayuntamiento consiste en reivindicar «hasta el aburrimiento» que se ejecuten.

Salom defendió que ha reclamado activamente a la CHJ la necesidad de actuar de manera «inmediata», ya que entiende que se cuenta con suficientes estudios, y defendió que no se podía ignorar de ese modo el trabajo de las diferentes corporaciones. La moción fue desestimada, si bien el debate todos señalaron la protección contra inundaciones como una prioridad.

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