La erradicación total de todas las expresiones y todos los grados de violencia y acoso contra la mujeres en el ámbito del trabajo es absolutamente fundamental para conseguir cambios en todas las demás esferas sociales y atajar la expresión más salvaje del machismo, el asesinato de mujeres. Y, sin embargo, el alcance y extensión de la violencia sexista en los espacios laborales se encuentra muy lejos de su desaparición y es aún un aspecto del problema poco conocido y tremendamente difícil de visibilizar. Los datos del informe realizado hace dos años por el Observatorio Europeo sobre sexismo y acoso sexual en el trabajo son muy reveladores. Según el mencionado estudio, el 60 % de las mujeres europeas ha sido víctima en algún momento de su vida de alguna forma de violencia sexista o acoso en el lugar de trabajo y un 21 % había estado expuesta a una de estas violencias durante el último año.
Las cifras referidas a España son incluso peores y muestran que el 66 % de las mujeres trabajadoras se ha visto sometida durante su vida laboral a estas situaciones de violencia sexista y nada menos que un 31 % las había sufrido en el año inmediatamente anterior. No nos referimos en este caso, es cierto, a actos de violencia con resultado de muerte ni, en la inmensa mayoría de los casos, tampoco a expresiones violentas que lleguen a causar daños físicos a las mujeres. Pero poner el pretexto de la baja intensidad de muchas de las violencias para evitar incrementar en los centros de trabajo la implantación de medidas eficaces que impidan su aparición es ignorar, en primer lugar, la verdadera naturaleza y profundidad del daño que provocan. Y supone también una renuncia inaceptable a actuar para garantizar el derecho de las mujeres a que el miedo y la inseguridad no condicionen su libertad y sus oportunidades en relación con el empleo y sus expectativas de un proyecto de vida autónomo.
Es imposible no vincular los pésimos indicadores de la situación de la violencia sexista y el acoso en el trabajo en nuestro país con la desigualdad generalizada que sufren las mujeres en cualquier aspecto que analicemos del mercado laboral y particularmente en relación con el acceso de las mujeres al empleo estable, a tiempo completo y a las categorías profesionales mejor remuneradas.
Por señalar algunas de dichas cifras en nuestro entorno inmediato de las comarcas de la Costera-la Vall-La Canal: Mientras que alrededor del 13 % de hombres tiene un contrato a tiempo parcial, en el caso de las mujeres este porcentaje se incrementa hasta el 32 %. Del total de las personas que en estas comarcas trabajan en la industria, el sector más estable y con salarios más elevados, solo el 31,39 % son mujeres. En el mismo sentido, no más del 28,41% de los contratos de alta dirección y gerencia realizados en la Costera, la Vall y la Canal durante el pasado año fueron a mujeres. Por no extendernos en la recopilación de indicadores, basta indicar que la desigualdad en el mercado laboral en perjuicio de las mujeres alcanza a todas las variables, es todavía muy intensa y no da señales de reversión.
Tal como reiteradamente hemos defendido desde UGT, la eliminación de la violencia contra las mujeres requiere un incremento sustancial de los recursos en la aplicación del Pacto de Estado en materia de violencia de género. Además, se debe prestar mayor atención al ámbito laboral y nuestro país tiene que seguir comprometido con llevar la igualdad y la lucha contra la violencia contra las mujeres al mundo del trabajo, a través de la negociación colectiva, los planes de igualdad y los protocolos de actuación. En este 25 de noviembre, lo volvemos a decir: No se puede luchar eficazmente contra la violencia contra las mujeres si no nos enfrentamos decididamente a todo el sistema de desigualdad que relega a la mitad de la humanidad a una posición subalterna, y en particular en relación con el trabajo. Ganar la batalla del trabajo decente para las mujeres es ganar una cabeza de puente esencial hacía la derrota total de las violencias machistas.
