El Gobierno mantiene decidido su apuesta por construir una presa en los términos municipales de Montesa y Vallada con el objetivo de regular los caudales del río Cànyoles y paliar el riesgo de inundaciones que sufren los municipios de La Ribera cuando se producen episodios de grandes precipitaciones. Pero la necesidad de aminorar los daños que registra repetidamente la comarca por el desbordamiento del río Albaida, choca con dos de los principales colectivos ecologistas de la Costera, Acció Ecologista Agró y Montesa Territori Viu, que ya han comenzado a movilizarse para intentar frenar la construcción del embalse.
Ambas asociaciones han iniciado una campaña masiva de recogida de firmas y alegaciones que se entregarán a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y a la Dirección General del Agua a finales de diciembre. Los ecologistas reivindican el valor paisajístico y natural del entorno en el que se emplazaría la presa y advierten del impacto de una infraestructura de 56 metros de altura con capacidad para almacenar 5,26 hectómetros de agua. Agró alerta de que dentro de la superficie afectada se incluye una zona casi virgen entre dos montañas que, sin estar protegida, presenta una riqueza natural y una belleza inusitada en el trazado que recorre el río Cànyoles.
El proyecto definitivo de la presa de Montesa acaba de licitarse por 1,2 millones de euros y el adjudicatario dispone de dos años para su elaboración. Los ecologistas sostienen en sus alegaciones que la construcción chocaría con las directrices europeas y «empeoraría gravemente la conectividad fluvial», a tiempo que supondría la desaparición de una extensa superficie de cultivos, casas de aperos y segundas residencias ubicadas en término de Vallada que, de llenarse la presa, quedarían sumergidas bajo el agua, en función de los primeros estudios técnicos que se han hecho del embalse, cuyo coste estimado se sitúa en 70 millones de euros. «A nuestro juicio todo ello no tiene sentido», sentencia Gasset.
Montesa y Vallada muestran su oposición frontal a la iniciativa
Montesa y Vallada, ya han dejado clara su oposición al embalse y han anunciado acciones frente al ministerio para intentar detenerlo o, al menos, para intentar suavizar al máximo su impacto sobre un territorio «saturado» por la «invasión» de infraestructuras de carácter estatal. Acció Ecologista lamenta que lleva dos meses a la espera de una respuesta de la CHJ a su solicitud de información ambiental para poder acceder al expediente de la presa. El colectivo anuncia una reclamación frente a lo que considera un agravio y no descarta acudir a los tribunales. Los ecologistas planean dirigirse a todos los ayuntamientos de la Costera, «desde Estubeny hasta Xàtiva», para elevar la presión e intentar que se sumen a las alegaciones contra el proyecto a través de la presentación de mociones en los plenos municipales.
