El Ayuntamiento de Alberic no está dispuesto a propiciar que las personas que han ocupado de forma fraudulenta un inmueble se beneficien de la más mínima ventaja que pueda comportar su empadronamiento y advirtió ayer de que no inscribirá a ningún nuevo vecino en el padrón «sin la autorización de las personas que residen legalmente en el inmueble, la escritura de propiedad o el correspondiente contrato de alquiler». El alcalde del municipio, Toño Carratalá, realizó el anuncio a través de las redes sociales tras señalar que en las últimas semanas se ha detectado «de manera alarmante» que «muchas personas» tratan de empadronarse en viviendas que han sido ocupadas de forma irregular.
Carratalá declara la guerra a los «okupas» mediante un breve alegato que comienza con un «en Alberic no les queremos» para, acto seguido, señalar que el ayuntamiento «no va a permitir que se abuse de la ley» con estas prácticas que, además, suelen convertirse en un foco de conflictos que alteran la normal convivencia de otros vecinos.
«No vamos a permitir que la lacra de la ocupación siga actuando impunemente y vamos a poner todos nuestros esfuerzos para erradicarla», expone el alcalde, que no supo concretar cuántas viviendas puede haber ocupadas en el casco urbano y las urbanizaciones del término municipal, donde durante el confinamiento que en 2020 impuso el Gobierno por la pandemia se dispararon las alarmas por el goteo de casos. Con todo, el munícipe subrayó que no se trata de un problema exclusivo de Alberic, sino que se da en la gran mayoría de municipios.
Control policial
«Aquí, los casos posiblemente han bajado porque la policía lleva una lucha tremenda para evitar estas situaciones. Tiene superinteriorizado que se trata de un problema grave y cuando tenemos conocimiento de una ‘okupación’ acude rápidamente para evitar que se consume», explicó Carratalá, mientras señalaba que si bien la casuística es muy diversa, el ayuntamiento ha llegado a tabicar alguna vivienda para evitar la presencia de «okupas». En otros casos son los propietarios los que optan por esta vía a instancias del ayuntamiento o por iniciativa propia.
«Que quede claro que, en Alberic, a los ‘okupas’ no se les empadrona y, si no, que lo denuncien en los juzgados y allí lo discutiremos», proclama el alcalde, al tiempo que explica que con el empadronamiento se busca principalmente acceder a la denominada Renta Vital. «Es verdad que cualquier persona tiene derecho a empadronarse allí donde vive, pero vamos a poner todas las trabass para evitarlo cuando se trata de ‘okupas’», señaló a Levante-EMV.
Alberic fue junto a Càrcer, Alcàntera o l’Alcúdia, uno de los municipios que durante el confinamiento alertó del problema que representaban los «okupas», lo que provocó incluso una reunión con la delegada del Gobierno en la se acordó una mayor coordinación policial para hacer frente al problema.
