El maltrato por omisión, es decir, negligencias en el cuidado de los hijos al no prestarles la atención que requieren desde el punto de vista emocional, en su educación o para su normal desarrollo, aparece en prácticamente la mitad de los casos atendidos el último año por el Equipo Específico de Intervención con la Infancia y la Adolescencia (49,85 %), un servicio especializado que ofrece la Mancomunitat de la Ribera Alta en los 29 municipios adheridos. La memoria de actividad del EEIIA revela que los profesionales que integran esta unidad atendieron en 2021 a 343 menores en situación de vulnerabilidad, de los que 149 casos corresponden a expedientes de nueva apertura y el resto a intervenciones iniciadas el año anterior que todavía no habían concluido.
El volumen de casos atendidos aumentó un 10 % respecto del año anterior, si bien el confinamiento decretado en los primeros meses de la pandemia -entre marzo y junio de 2020- impide una comparación ya que, según explica la coordinadora del equipo, Vera Boix, el año 2020 fue completamente atípico ya que con la declaración del estado de alarma por la emergencia sanitaria se perdió la atención directa, lo que provocó que cambiaran de forma sustancial los motivos que daban lugar a la intervención. De hecho, los casos en que se detectó negligencia parental cayeron hasta representar únicamente un 16 % del total -50 de los 312 en ese ejercicio completo-, mientras que un año después se sitúan en niveles de años anteriores con prácticamente el 50 %. «Suele darse mucho más el riesgo por omisión que por acción», apunta Boix, mientras señala como un dato sorprendente que el confinamiento, y con él la imposibilidad de salir de casa, propició que mejoraran las situaciones de negligencia en algunas familias.
Con todo, la memoria del EEIIA revela que el maltrato emocional está presente entre los motivos que provocaron la intervención en el 37,60 % de los casos, 171 en total, lo que representa la segunda causa por detrás de las negligencias, mientras que situaciones de desprotección como consecuencia de un proceso de separación o divorcio se sitúan como el tercer motivo con un total de 105 casos, el 30,61 % del total.
Otras circunstancias que provocaron la actuación de este servicio mancomunado especializado en infancia y adolescencia derivan de problemas de salud mental o adicciones de los progenitores (54 casos), maltrato físico (40), violencia de género (32), abuso sexual (25), violencia filio-parental (16) y acoso (12).
Medidas de protección
La especial situación de riesgo de 59 menores provocó que la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, la Administración que tiene las competencias en materia de infancia, ordenara la aplicación de medidas jurídicas de protección a través de un acogimiento en familia extensa de 32 menores, mediante el acogimiento en una familia educadora en cuatro casos y a través de un acogimiento en una residencia en otros trece.
Los técnicos de esta unidad en la atención de menores, el antiguo Seafi, también tramitaron quince situaciones de riesgo, una figura jurídica contemplada en la nueva ley para los casos de vulnerabilidad más graves, previa a la aplicación de medidas jurídicas de protección. El procedimiento consiste en dar cuenta a los padres de la apertura de este proceso y, a partir de ese momento, los progenitores tienen un año para corregir la situación de vulnerabilidad y evitar que esa declaración de riesgo derive en un acogimiento.
La Mancomunitat de la Ribera Alta cuenta desde el año 2000 con programas o servicios especializados de atención a la infancia y adolescencia, que se han adaptado en cada momento a la normativa legal y que poco a poco han sumado adhesiones hasta atender en la actualidad a una población de más de 101.000 habitantes de 29 de los 35 municipios que conforman la Ribera Alta. Las últimas incorporaciones corresponden a los tres municipios de El Marquesat: Llombai, Catadau y Alfarp.
Los equipos específicos de intervención en el ámbito de la infancia y la adolescencia tienen carácter interdisciplinar y dirigen su trabajo a la atención a menores en situación de vulnerabilidad, riesgo, desamparo o con medidas jurídicas de protección, así como la formación y valoración de familias que realizan acogimientos. Al mismo se accede por derivación de los Servicios Sociales de cada municipio. Los profesionales del EEIIA se desplazan a cada uno de los municipios adheridos para acercar este servicio a los usuarios con la premisa de dar prioridad a la protección y promoción del bienestar del menor y mejorar en lo posible la calidad de vida de sus familias.
El equipo del EEIIA no sólo se coordinada con los Servicios Sociales municipales sino que, con el objetivo de detectar casos de desprotección de menores, trata de generar una comunicación fluida con centros escolares, los profesionales sanitarios y también con las fuerzas de seguridad, los juzgados y las oficinas de atención a víctimas del delito.
Un servicio que cubre a más de 100.000 habitantes de 29 pueblos
El equipo se coordina con los Servicios Sociales municipales, colegios, policía y sanitarios
Pascual Fandos. Alzira
