A las 11:28 del 27 de enero, el suelo de Millares tembló a 10.000 metros de profundidad. A las 11:34, a 36 kilómetros de distancia, la tierra volvió a sacudirse en Catadau. Dos terremotos en un intervalo de apenas 16 minutos. Es un hecho aislado, algunos pensarán que anecdótico, pero que refleja una tendencia detectada por el Instituto Geográfico Nacional (IGN): un aumento de la actividad sísmica en la zona central de la provincia de València, aquella que se encuentra sobre las fallas «consideradas inactivas», ubicadas en las profundidades de Xàtiva y en el los alrededores de El Perelló.
«Es verdad que ha habido un incremento en el número de terremotos registrados», afirma Carlos González, técnico sismólogo de la red del IGN. Esto responde a un «crecimiento notable» de la actividad sísmica; pero, principalmente, a la instalación de nuevos sismógrafos en la zona, que han disparado los registros porque «evidentemente, al tener más herramientas, detectamos incidentes que hasta ahora no era posible».
Ante este escenario, emerge un interrogante: ¿están las grandes infraestructuras preparadas para resistir esta sucesión de terremotos? «Sin duda», tercia contundentemente González. «Existe una normativa vigente de construcción sismorresistente que estipula qué edificios, clasificados como obras de especial importancia, deben diseñarse con una resistencia específica ante estos fenómenos».
En esta catalogación, se encuentran edificios que proveen servicios esenciales como hospitales, compañías de telecomunicaciones o estaciones de transporte público; y construcciones cuya destrucción pueda provocar efectos catastróficos. Se trata de grandes obras de ingeniería civil como son las centrales nucleares y térmicas o las grandes presas, como la del pantano de Tous.
Tras el desastre de la Pantanada del 82, el nuevo embalse se diseñó en base a esta normativa y con el objetivo de «soportar el máximo seísmo creíble», comentan a este periódico fuentes de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). «El diseño de la presa incorpora los oportunos criterios de seguridad sísmicos, además de otras especificaciones estructurales e hidrológicas, para minimizar el riesgo».
Además del cumplimiento de la normativa sismorresistente, hay otros factores que descartan la posibilidad de derrumbe como consecuencia de un terremoto. Por un lado, según establece el protocolo, la CHJ realiza una inspección general de la presa cada vez que se produce un seísmo de magnitud superior a 3,5 grados en la escala de Richter. Y, por otro, la instalación cuenta con dos tipos de medidores para «registrar con precisión la magnitud de los seísmos»: un sismógrafo, integrado en el IGN; y diversos acelerómetros, en fase de instalación, que permitirán comprobar «cómo el cuerpo de la presa absorbe el efecto de los seísmos». Así pues, los expertos de ambos organismos quieren transmitir un mensaje de tranquilidad, especialmente ante episodios como los registrados a finales de enero, que ni siquiera alcanzaron el nivel de magnitud que requiere una revisión específica de la presa.
Como indica Carlos González de IGN, terremotos de mayor intensidad «no tienen por qué afectar al embalse de Tous». Para prueba, un ejemplo: la presa del Conde de Guadalhorce (Málaga), de menor tamaño que la valenciana. En julio del 2021, soportó un terremoto de 4,9 grados Richter.
