L’Énova desbloquea la urbanización fantasma al legalizarla 17 años después

La urbanización La Besana de l’Énova, un complejo residencial que permanece inacabado desde que se paralizaran las obras coincidiendo con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, ya ve la luz al final de un túnel de cerca de quince años, sino más. El Consell Jurídic Consultiu (CJC) ha dado el visto bueno a los cambios que el Plan Parcial de Mejora introdujo en la ordenación en 2005, año en que comenzaron las obras, un dictamen que legaliza en la práctica esta urbanización que carecía de cobertura urbanística y permite que se retomen y finalicen los trabajos pendientes, alrededor un 10 % según la estimación de los técnicos.

Esta urbanización ubicada en el Port del Sapo se había convertido en uno de los iconos del pinchazo de la burbuja inmobiliaria con el agravante de que algunas familias que adquirieron viviendas residen en ellas desde hace años sin los servicios básicos. «Antes teníamos una urbanización ilegal y por acabar y ahora nos queda una urbanización por acabar», resumió ayer el alcalde, Tomás Giner, que anunció la resolución del CJC como la noticia «del siglo» para el ayuntamiento por lo mucho que ha costado llegar a esta solución.

La historia de la urbanización La Besana es la historia de una sucesión de anomalías en origen tanto del promotor como del ayuntamiento, que en noviembre de 2005 aprobó provisionalmente el Plan Parcial de Mejora del sector con una serie de modificaciones que planteaba el agente urbanizador, aunque nunca tramitó ese expediente por lo que la nueva ordenación, que entre otros aspectos conllevaba una sustancial reducción de las zonas verdes, nunca obtuvo la conformidad de la Conselleria de Territorio. Sin embargo, las obras de urbanización arrancaron y también la construcción de viviendas hasta el punto que, según las estimación del propio alcalde, de las 82 parcelas que hay en La Besana la mitad cuentan con viviendas o bien acabadas, cerca de una treintena, o con un grado de ejecución muy alto, mientras que en la otra mitad se paralizaron las obras en fase de estructura o cimentación, lo que contribuye a ofrecer esa imagen de urbanización fantasma.

Giner asegura que la actual corporación no tuvo conocimiento de que la conselleria había dado carpetazo al expediente de La Besana por la falta de diligencia de sus antecesores en el ayuntamiento hasta una reunión con el secretario autonómico para tratar de desbloquear las obras de la urbanización. «A partir de ahí nos planteamos en qué situación estaba una urbanización que no se debía haber empezado pero que estaba ya a un nivel de ejecución del 90 %», comentó.

Los cambios que en este período se han producido en la legislación urbanística obligaban a adaptar el Plan Parcial de Mejora de La Besana al nuevo marco legal y la conselleria fijó al ayuntamiento unas directrices para avanzar en el proceso de legalización. Debido a que, entre otras cosas, la modificación contemplaba una importante reducción de las zonas verdes, se requería la conformidad el Consell Jurídic Consultiu, una resolución que llegó ayer al ayuntamiento. Tomás Giner explicó que el consistorio ha tenido que presentar sucesivos informes para justificar unos cambios que afectaban a viales, zonas verdes o a la edificabilidad, y que finalmente se han aceptado. La corporación aprobará finalmente el documento en el pleno previsto a final de mes y, a partir de ese momento, el actual agente urbanizador podrá retomar las obras.

El alcalde detalló que las obras se paralizaron por la crisis -incluso ha habido un cambio de agente urbanizador- y que la resolución del Consell Jurídic desbloquea un proyecto inciado hace 17 años. «Incluso en el caso de que la obra hubiera estado acabada no estaba legalizada», señaló, mientras apuntaba que un dictamen negativo del CJC hubiera planteado la difícil tesitura de un derribo.

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