La delegación del Gobierno ha solicitado al Instituto de Crédito Oficial (ICO) un informe sobre los créditos que todavía reclama a los damnificados por la rotura de la presa de Tous, una catástrofe que asoló la Ribera y de la que el próximo mes de octubre se cumplen 40 años. Así se desprende de la reunión que ayer mantuvieron el alcaide de Alzira, Diego Gómez, y el concejal de Servicios y Obras Públicas, Fernando Pascual, con el jefe de gabinete de la delegada del Gobierno, Gloria Calero, quien les comunicó que el ICO remitirá tanto al Ayuntamiento de Alzira como a la delegación del Gobierno el informe que está elaborando «con la idea de concretar una reunión a la que puedan asistir también los abogados y las personas afectadas», según la información difundida ayer por el ayuntamiento.
«Pedimos información a la fuente directa que es el ICO para conocer como administración más próxima al ciudadano cual es la situación de esos préstamos», resumió Fernando Pascual tras la reunión, mientras recordaba que el pasado octubre la propia delegación del Gobierno cifró en 67 las reclamaciones pendientes del ICO por préstamos contraídos en los años 1982 y 1983.
Las noticias publicadas por Levante-EMV sobre estas reclamaciones que mantienen abierto el caso Tous pese a tiempo transcurrido provocaron que incluso el Ayuntamiento de Alzira adoptara una resolución en pleno por la que reclamaba al Gobierno una solución definitiva para los damnificados. Los contactos mantenidos provocaron que incluso la delegación del Gobierno se ofreciera a mediar para que se aplicara un acuerdo del Consejo de Ministros de 2008 que, tras la intervención de la entonces vicepresidenta del Gobierno, Mª Teresa Fernández de la Vega, contemplaba como principales medidas la condonación de los intereses e incluso de los préstamos si la deuda no superaba los 1.500 euros.
Es, de hecho, el acuerdo que han buscado algunos abogados para que el impacto de estas demandas sea lo menos lesivo para los intereses de sus clientes que, en algún caso, si han llegado a recurrir al Supremo.
«Hemos pedido una entrevista con algún representante del ICO para intentar desatascar el tema», comentó el concejal socialista.
La reunión también sirvió para incidir en el proyecto de conexión de Alzira con la autopista AP-7, que implica tanto al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana como a la Conselleria de Política Territorial y Obras Públicas. «Como el ministerio no ha incorporado este acceso a su compromiso de acciones prioritarias, es necesario mantener una reunión con la Secretaria de Estado de Transportes para que se incorpore una partida presupuestaria como en su momento hizo el Gobierno de Mariano Rajoy», indicaron fuentes municipales.
El alcalde de Alzira valoró ayer que la reunión había sido «muy provechosa con el fin de ir impulsando aquellas acciones que ayuden a resolver la problemática de los alzireños implicados con los préstamos de la pantanada y las infraestructuras que mejoren la conexión y la seguridad de Alzira contra inundaciones», dijo.
