El Ayuntamiento de Alzira analizará el modelo de ordenanza abolicionista de la prostitución que la semana pasada lanzó la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, al objeto de mejor la regulación que ya rige en la ciudad desde el año 2010, cuando al aprobar la Ordenanza Municipal de Protección del Espacio Público se estableció la prohibición de «ofrecer, solicitar, negociar o aceptar» servicios sexuales, directa o indirectamente, en la calle.
La regulación que plantea Bravo de la mano de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) se centra en la protección de la mujer y propone penalizar a los clientes con multas de hasta 3.000 euros mientras que la ordenanza vigente en Alzira contempla sanciones similares aunque desde la perspectiva de preservar a los menores de la exhibición de prácticas de ofrecimiento o solicitud de servicios sexuales en la calle, «prevenir la explotación de determinados colectivos y prevenir los problemas de salud pública derivados de las deficientes condiciones higiénico sanitarias en que se desarrollan los servicios sexuales en el espacio público, así como la falta de control sanitario de las personas que desarrollan estas actividades». La ordenanza se aprobó con el PP en el gobierno en 2010 aunque, al parecer, no se ha impuesto ninguna sanción por el incumplimiento de este precepto.
La concejal de Servicios Sociales, Marina Mir, defendió ayer que, desde su punto de vista, el camino deber ser la abolición de la prostitución y señaló que, a falta de un estudio en profundidad del articulado que la consellera y la FVMP lanzaron el jueves, se presume que se trata de una regulación «más ambiciosa» de la que recoge la ordenanza municipal por lo que, indicó, «tendremos que sentarnos y ver de qué forma adaptamos los nuevos cambios. Ver en qué puntos confluimos y, en aquellos que no, de qué manera se puede adaptar a nuestro municipio para mejorar lo que tenemos, pero se trata de una carrera de fondo y hay que trabajarlo bien», indicó. La edil dijo no tener constancia de que se hayan impuesto sanciones a prostitutas ni clientes, pero comentó que este tipo de prácticas suelen circunscribirse a un ámbito «privado» y, en el caso de Alzira, «en la vía pública no se dan». «Si se diera se sancionarían», agregó, mientras señalaba que, en España, «la prostitución no está penada y eso da pie a que miles de prostíbulos abran con total impunidad como salas de fiestas o de otro tipo y justifiquen lo que justifican».
También la concejal de Seguridad, Sara Garés, expresó la voluntad del gobierno municipal de estudiar la nueva ordenanza «para avanzar» en la protección de la mujer, pero recordó que en Alzira ya existe una regulación a través de la ordenanza de Protección del Espacio Urbano que la policía hace cumplir y que, en este aspecto, no existe en Alzira prostitución en la calle. Esta se localiza principalmente en algunas carreteras de acceso.
La ordenanza en vigor desde 2010 prohíbe la prostitución y la práctica de sexo en la calle, incluso en el interior de vehículos, y prevé sanciones de hasta 3.000 euros en el caso de mantener relaciones sexuales a menos de 200 metros de una zona residencial, un colegio o cualquier otro lugar donde se realice una actividad comercial o empresarial. Esta distancia marca la diferencia en que una infracción se tipifique como leve, con una sanción inferior (hasta 150 euros), o muy grave, que puede derivar en sanciones de entre 1.500 y 3.000 euros.
El articulado abolicionista que la consellera de Justicia remitirá a los ayuntamientos contempla multas de hasta 3.000 euros para quienes demanden sexo pagado, así como para los intermediarios y los locales donde se ejerza esta «forma de violencia de género».
