En estos momentos, tras aproximadamente siete años de gestión municipal del bipartito formado por Compromís y PSOE, y a un año escaso de nuevas elecciones es oportuno analizar las obras e infraestructuras que se están realizando en Alzira.
En noviembre de 2016 se anunció el inicio de las obras del nuevo retén de la Policía Local. Seis años más tarde, tras la ejecución de varias fases, parece que el edificio se finalizará en noviembre de este año. Por aquel entonces se estimaba el coste en 1,8 millones de euros; hoy la realidad es bien diferente: costará unos 3,4 millones.
Por otro lado, debemos resaltar la situación de la calle Benito Pérez Galdós. Se realizaron las obras de pavimentación en junio-julio de 2017 y tres años más tarde es necesario cortar el tráfico para proceder a su reparación ya que algunas zonas presentan hundimiento de los adoquines, piezas sueltas, y demás desperfectos. Por aquellas fechas ya se apreciaban zonas en mal estado, que no se repararon pero que apuntaban a que en un breve plazo de tiempo también lo precisarían. ¿Se realizaron las obras correctamente? ¿El tipo de pavimento y su forma de colocación era el adecuado para un vial con ese nivel de tráfico?
Pues bien, hoy tenemos una calle prácticamente destrozada, con innumerables zonas hundidas, incómoda de transitar y a la espera que el gobierno municipal decida una solución, aunque todo apunta a que deberá volver levantarse en su totalidad.
Recordemos también el cierre, en el año 2019, del pabellón deportivo Fontana Mogort. En unos meses habrán transcurrido tres años. Durante este tiempo los clubes deportivos han tenido que buscar diferentes alternativas para continuar sus entrenamientos con el trastorno que les ocasiona. En cuanto al tema económico, también nos encontramos con un aumento de coste que terminan pagando los alzireños. En un principio el presupuesto era de 2.129.703 euros y tras la «gestión» y retrasos nos va a costar 2.576.940 euros, un aumento de 447.237 euros
En la antigua gasolinera en la avenida Luis Suñer se estimaron unos costes de 23.500 euros para el desmontaje de las instalaciones y 63.000 euros para la descontaminación del terreno. A fecha de hoy, tras varias preguntas por escrito formuladas al gobierno municipal para saber cuál ha sido el coste real de estos trabajos seguimos sin respuesta (Gobierno de la transparencia).
Podemos comprobar cómo una gestión lenta, en algunos casos producida por falta de previsión económica, en otros por problemas en la tramitación de licitaciones y contratacione, etc, se traduce en unos sobrecostes que deben asumir los ciudadanos.
