El Plan Especial de Riesgo Sísmico de la Comunitat Valenciana dibujó un mapa de peligrosidad y estableció la obligación de elaborar planes de ámbito municipal ante terremotos en aquellas localidades en las que son previsibles sismos de intensidad igual o superior al grado VII en la Escala Macrosísimia EMS para un período de retorno de 500 años. Toda la Ribera forma parte de ese mapa de peligrosidad con niveles que oscilan desde el mismo umbral a partir del cual es obligatoria la redacción del plan, que corresponde a un terremoto «dañino» en el que la mayoría de personas se asustan con el temblor e intentan correr fuera de los edificios, al grado 8,5 que corresponde a un punto intemedio entre un terremoto gravemente dañino (VIII) y uno destructor (IX), siempre con un periodo de retorno de 500 años, es decir, la posibilidad de que ocurra una vez cada cinco siglos. En el caso de la Ribera, las localidades que a juicio de los técnicos pueden sufrir los terremotos más graves corresponden de forma mayoritaria a las que conforman el valle de Càrcer, en este caso, Alcàntera, Antella, Beneixida, Càrcer, Cotes y Gavarda, y ya fuera de este entorno geográfico, también forman parte de esta relación Alberic, Sant Joanet y Castelló. Hasta 24 ayuntamientos solicitaron el año pasado la ayuda de 5.000 euros aunque algunos de ellos se quedaron sin fondos.
