El Tribunal Supremo ha anulado la subrogación de los trabajadores de la piscina cubierta y de la emisora municipal por parte del Ayuntamiento de Alzira al considerar que éste incumplió la prohibición de aumentar el gasto en personal más allá del 1 % con respecto del año anterior. Ambas empresas públicas se disolvieron por imperativo legal en el proceso de redimensionamiento del sector público local que impuso la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, conocida popularmente como Ley Montoro, que obligaba a cerrar las empresas públicas que fueran deficitarias ante del 1 de diciembre de 2015.
El Alto Tribunal también ha desestimado un incidente de nulidad de sentencia planteado por el Ayuntamiento de Alzira, que se dispone a recurrir en amparo ente el Tribunal Constitucional al considerar que se ha producido una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva ya que, según señalan fuentes municipales, la resolución en el ámbito contencioso administrativo ha valorado únicamente el incumplimiento del aspecto presupuestario, pero no el laboral o social. En este sentido, defienden que existe una directiva europea que protege a los trabajadores y regula la subrogación cuando se produce la absorción de una empresa y también jurisprudencia que establece que así debe ser aunque se trate de una entidad pública.
La sentencia del Supremo es la consecuencia del contencioso interpuesto en su día por la delegación del Gobierno, bajo el mandato el PP, contra los acuerdos de la mesa de negociación que avalaron la subrogación de los 28 trabajadores de la emisora Alzira Ràdio y la piscina cubierta y del pleno que aprobó el presupuesto municipal de 2016 y, con él, la modificación de la plantilla municipal. La subrogación convirtió a los trabajadores de estas dos sociedades anónimas en indefinidos no fijos, una figura jurídica similar a la utilizada por el Consell en la reversión del Hospital de la Ribera.
La corporación municipal tenía previsto aprobar anoche una resolución por la que se compromete a agotar todas las vías posibles para defender la subrogación de los trabajadores. La propuesta inicial de Ciudadanos había sido suscrita también por los dos grupos del bipartito, Compromís y PSOE. El concejal de Hacienda y Recursos Humanos, Albert Furió, defendió que el equipo de gobierno ya había asumido este compromiso en una reunión mantenida con los trabajadores y mostró su confianza en que el recurso ante el Constitucional prospere. En caso contrario, habrá que valorar otras posibilidades, dijo.
Servicios necesarios
El gobierno municipal acató el mandato de la Ley Montoro que obligaba a disolver las empresas públicas deficitarias pero valoró que tanto la piscina como la emisora eran servicios necesarios por contar el primero con cientos de usuarios y, en el caso de Alzira Radio, por tratarse de un medio de comunicación público que promocionaba el valenciano. Desde esta perspectiva, optó por mantener ambos servicios, absorbió las empresas públicas que los gestionaban y se subrogó a los empleados.
La sentencia del Tribunal Supremo, no obstante, argumenta que más que una absorción se trata de una reorganización interna ya que las dos empresas eran de capital exclusivamente municipal. Se da la circunstancia de que ese mismo año el ayuntamiento también había recuperado el 50 % de la paga extra suprimida en diciembre de 2012 a los funcionarios y había hecho efectiva una equiparación salarial entre el personal laboral temporal y el fijo, por lo que el incremento de la masa salarial superaba el 1 %.
Albert Furió culpó al recurso del Gobierno del PP de la situación en que se encuentran los trabajadores de la piscina y la emisora y señaló que el ayuntamiento «va a hacer todo lo posible para mantener el acuerdo porque estamos convencidos de que se hizo bien, vamos a intentar pelear hasta las últimas consecuencias», indicó.
