El Ayuntamiento de Carcaixent ha presentado un recurso en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 9 de València contra la sentencia que condena al concejal no adscrito Juan Albert a devolver las retribuciones que percibió durante el periodo que formó parte del ejecutivo de la localidad, entre 2019 y 2020, al considerar que supone un caso de transfuguismo.
El último pleno, celebrado anteayer, así lo ratificó con los votos a favor del ejecutivo local (Compromís y PSPV) y del propio Albert. La oposición (PP, Units, Ciudadanos y la concejala no adscrita Mónica Amorós) lo rechazó. Ni siquiera hubo debate.
El abogado municipal defendió, en su momento, ante el juez que la demanda promovida por los populares y Units debía desestimarse al entender, por un lado, que el reglamento orgánico municipal «solo limita los derechos grupales de los concejales no adscritos y no sus derechos individuales» y, por otro, que aquello no representaba «ninguna situación de compra de votos ni alteración del resultado de las elecciones». Es más, Albert siempre ha mantenido que él, ni siquiera, apoyó la investidura del alcalde, Paco Salom, pues se abstuvo.
Sin embargo, el magistrado no cuestionó que fuera la condición de no adscrito la que le exime de todo derecho retributivo, sino cómo se adquierió. Tras indagar en el reglamento orgánico del ayuntamiento, argumentaba que este deja claro que un concejal no adscrito «no puede tener derechos económicos y políticos superiores a los que le habrían correspondido si se hubiera quedado en el grupo al que pertenecía». De hecho, Albert fue nombrado, en virtud del pacto de gobierno, segundo teniente de alcalde, concejal de Servicios Públicos y responsable de la empresa municipal Procarsa, además de obtener acceso a cargos representativos como suplente en el Consorci de Residus de la Ribera y titular en la Comunitat de Usuaris de l’Aigua de la Ribera del Xúquer. Todos ellos, nombramientos que anula el juez, aunque Albert salió del gobierno hace ahora dos años. Asimismo, esta condición le permitió recibir un sueldo en dedicación exclusiva de 36.778 euros al año.
El magistrado concluyó que, ya que sus entonces compañeros de Ciudadanos no tuvieron acceso a unas condiciones equivalentes, «no hay duda de que el codemandado se benefició de esta situación y que es contrario a la norma». Por ello le obligó a devolver sus honorarios.
