Al fin la guerra del vertedero comarcal en la Ribera tiene cerca su final, una buena noticia económicamente hablando, ya que a los usuarios de la Ribera nos ahorrará una buena cantidad en transporte y tratamiento de los rechazos de la planta de residuos.
En la última sesión del Consorcio de Residuos Ribera i Valldigna se ha dado a conocer el informe del Instituto geológico y minero (IGME) solicitado en 2019 con un coste de 18.000 euros, para albergar el vertedero en el término municipal de Guadassuar, en la zona del Pla del Roser, a escasos 200 metros de la partida Racó de Boix, incluso superpone algunos puntos de las instalaciones. Este informe viene a ratificar las conclusiones ya indicadas por el mismo organismo en 2011 cuando el consorcio estaba presidido por el Partido Popular indicando la misma ubicación.
Después de una década de ambigüedades se vuelve al inicio, una década que nos ha llevado a un sobrecoste de más de 15 millones de euros repercutidos en la tasa de reciclaje debido a la brutal oposición de los municipios gobernados por PSOE y Compromís de la Ribera Alta. Ahora se propone la misma ubicación y echamos de menos la crítica desmesurada de personas como Paco Sanz, Robert Martinez, Francesc Signes, Joan Baldovi o el mismo ex-ministro José Luis Ábalos, todos presentes en la mítica foto de 2012 cuando protagonizaron una manifestación en contra de la misma ubicación del vertedero que hoy aplauden.
Consideraban la ubicación un atentado contra el entorno por estar a escasa distancia de núcleos de población como Montortal o en la zona de afección del acuifero del AVE y del Caroig, lo calificaban como atentado ecológico.
Tal vez hoy no aparezcan en la foto por vergüenza de aquellas concentraciones en las que se hartaban de tirar bolsas repletas de residuos a las puertas del auditorio de Guadassuar mientras se celebraban las reuniones del Consorcio Ribera i Valldigna.
No tienen criterio, no tienen principios ni moral, su sectarismo no tiene nombre. Es lamentable ver como el alcalde de L’Alcudia se arrodilla ante la disciplina de su partido dando el consentimiento en forma de abstención que permite la ubicación del vertedero sin importarle ahora los criterios de población o medio ambientales. Nos podríamos haber ahorrado los más de 15 millones de euros a los bolsillos de los usuarios y no perder el tiempo durante diez años por su sectarismo.
