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Juzgan al exalcalde de La Pobla sin que la fiscalía comparta la acusación

La vista oral se reanudará el miércoles

Fachada del viejo Cine Monterrey, origen de las supuestas irregularidades que se juzgan. | VICENT M. PASTOR

Rafael Soler, exalcalde de la Pobla Llarga y sólido exlíder comarcal del PP durante años se sentó ayer en el banquillo de los acusados y volverá a la sala de vistas el próximo miércoles hasta que concluya el juicio por presunto fraude de subvenciones y malversación de caudales públicos promovido por el gobierno municipal y la Diputació de València por el pago de cientos de butacas y otros equipamientos destinados a la transformación del Cine Monterrey en un teatro sin que ese material hubiera llegado a su destino.

La Fiscalía no ha sumido la tesis de la acusación en la causa, que inicialmente fue archivada con su conformidad en el año 2019 por la jueza instructora al no apreciar indicios de delito, aunque fue reabierta por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial al considerar "fraudulentos" los pagos y las certificaciones firmadas por la arquitecta técnica municipal y reclamar que se valorara la "actuación de quien autorizó y posibilitó que un particular recibiera fondos públicos sin justificación alguna".

Los hechos investigados tienen su origen en el convenio suscrito en 2008 por el entonces alcalde Soler con la Diputació mediante el que la corporación provincial se comprometía a subvencionar con . euros las obras del Teatro Monterrey en tres anualidades. Se formalizaron tres contratos, dos de ellos para el suministro de  y  butacas respectivamente, y un tercero para el acondicionamiento acústico y otros elementos del escenario.

El ayuntamiento justificó el gasto para cobrar la ayuda y pagó las facturas entre  y , si bien la única entrega que consta oficialmente es de  sillas que "ni siquiera estaban colocadas". La funcionaria municipal certificó que los suministros se recibieron el 28 de agosto de 2009 pese a que hasta el 30 de enero de 2012 no se adquirió en realidad el primer lote de 300 butacas.

En la sesión de la vista oral celebrada ayer se interrogó tanto a Soler como a la actual alcaldesa del municipio, Neus Garrigues.

Denuncias cruzadas entre los líderes municipales del PP y PSPV

Rafael Soler siempre ha defendido que la denuncia promovida por Neus Garrigues (PSPV) tiene una clara intencionalidad política". Ayer volvió a reiterarlo. "Todo responde a una maniobra para destruirme. La querella se presentó para apartarme. Querían quitarme de enmedio por denunciar las irreguralidades que llevaron a la dimisión al expresidente Jorge Rodríguez". No obstante el fuego fue cruzado: Soler también llevó a los tribunales a su sucesora, aunque la Audiencia confirmó a mediados de 2020 el sobreseimiento de la querella por supuesta malversación contra Neus Garrigues al considerar que los hechos "carecían de relevancia jurídico-penal". Aún así, Soler lamenta el elevado coste que su denuncia supondrá para las arcas municipales de la Pobla. "Todo se hubiera resuelto reclamando las sillas al proveedor", concluye.

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