El Ayuntamiento de Alzira estudiará junto a los propietarios de campos y casas de la umbría de la Casella a los que se accede por el camino que discurre junto al barranco si existe la posibilidad de defender en los tribunales el uso de ese camino y, sobre todo, el trazado de posibles accesos alternativos a estas parcelas ante la negativa de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) a reconocer la existencia del camino ya que considera que todo forma parte del lecho fluvial.
El acuerdo se produjo ayer, cuando alrededor de veintena de afectados se personó en el lugar donde estaba previsto que se iniciaran las obras de retirada del hormigón con el que en el año 2007 el ayuntamiento reparó el camino , en cumplimiento de las indicaciones de la CHJ. Estos trabajos tampoco comenzaron finalmente ayer. La CHJ no solo no reconoce la existencia del camino que discurre en paralelo al barranco de la Casella y, en algunos puntos, por dentro de él, sino que incluso ha emplazado a dejar de utilizarlo y ordenado que se devuelva al estado previo a la reparación. El pleito por una primera sanción de 9.000 euros impuesta por la CHJ por estas obras se saldó con una sentencia favorable al organismo de cuenca que trata de hacer valer.
"Querían hablar y hemos hablado"
Si bien algunos vecinos señalaron que se había vivido un enfrentamiento con el concejal de Agricultura, Pep Carreres, que propició que se paralizaran las obras, este defendió que al tener conocimiento de que se habían concentrado algunos vecinos decidió acudir y que la reunión había transcurrido en un tono dialogante y “muy correcto”. “Ellos querían hablar y hemos hablado”, indicó el edil, mientras señalaba que se había acordado que los afectados designen una comisión para, previsiblemente ya la próxima semana, mantener una reunión y empezar a buscar soluciones. Según dijo, la paralización de las obras permitirá en los próximos días disponer de maquinaria más adecuada para retirar el hormigón.
“Yo no me escondo, el problema es que tenemos una sentencia en contra que hay que cumplir y hay que buscar una alternativa de futuro, que va a ser costosa y dura”, señaló Carreres en alusión a la posibilidad de construir un nuevo vial por la umbría del valle de la Casella, que obligará a expropiar terrenos. “La semana que viene nos reuniremos con ellos y los servicios jurídicos para que tengan la tranquilidad de que se ha actuado correctamente y en defensa del interés general. Si consideran que hay que insistir en la vía jurídica, pediremos los informes correspondientes, aunque creo que no tiene más recorrido, y luego marcar la solución de futuro”, indicó Carreres, que realizó un paralelismo con el proyecto de ampliación del barranco aguas abajo y advirtió de que para abrir un nuevo camino se necesitará la intervención de otras administraciones.
El problema es que tenemos una sentencia en contra que hay que cumplir y hay que buscar una alternativa de futuro,
“Vamos a estar a lado de la gente del pueblo, pero un barranco es un barranco y los criterios medioambientales pesen cada vez más”, incidió, mientras señalaba que el ayuntamiento ha garantizado que después de cada período de lluvias continuará con las reparaciones, entre 10.000 y 15.000 euros anuales, para que el camino siga siendo transitable, aunque la CHJ obliga a utilizar únicamente material inerte del propio barranco en estos trabajos. Con todo, recordó que no se trata de un camino municipal sino que la titular es la CHJ y que el hecho de que históricamente se haya utilizado como acceso principal a estos campos no genera un derecho. “Si no cumplimos la sentencia nos penalizará a todos”, incidió.
