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El fiscal pide 5,5 años para el exalcalde de Càrcer por estafar a los regantes

El Ministerio Público acusa al también expresidente comarcal del PP de apropiarse de más de 130.000 euros de la comunidad de riego

Aurelio Hernández.

La Audiencia Provincial de València juzgará hoy al exalcalde de Càrcer y expresidente del PP de la Ribera Alta, Aurelio Hernández, al que el fiscal reclama cinco años y medio de cárcel por un delito continuado de estafa cometido presuntamente mientras presidía la Comunidad de Regantes del Valle de Cárcer y Sellent entre 2007 y 2016. Su mujer también está acusada.

Hernández se sentará en el banquillo por apropiarse supuestamente de más de 138.000 euros de las cuentas de la entidad agrícola sin el consentimiento ni la autorización de la Junta de Gobierno de la Comunidad de Regantes. Los hechos a los que alude la investigación judicial sucedieron mucho después de que Hernández desarrollara su actividad política. Accedió a la alcaldía mediante una moción de censura que requirió del apoyo de un tránsfuga del PSPV y permaneció al frente del ayuntamiento hasta el año 2003.

La Fiscalía sostiene que durante los años en que fue presidente el principal acusado sacó dinero en efectivo, mediante cheques, pagarés  o transferencias de las cuentas bancarias de la Comunidad de Regantes para incorporarlo a su patrimonio. También cargó a la entidad recibos personales como la factura del teléfono, la cuota de autónomos o el recibo de agua de su domicilio.

El procedimiento contra Hernández se inició en el año 2018 por una querella interpuesta por la Comunidad de Regantes del Valle de Càrcer y Sellent, a la que se adhirieron comuneros de la Associació Comptes Clars, integrada por socios que siempre se mostraron muy críticos con la gestión del expresidente.

La demanda que se dilucidará en la vista oral que la Audiencia ha previsto iniciar hoy no ha sido la única interpuesta por la comunidad de riego contra Aurelio Hernández, aunque la sección tercera de la Audiencia ya decretó en 2018 el archivo de un procedimiento anterior que se acusaba al exalcalde de Càrcer de administración desleal, estafa y falsedad documental en relación con las obras de reforma de la sede social de los regantes. Hernández defendió entonces que los críticos no habían logrado ganar ninguno de los 23 recursos presentados contra su gestión en la Confederación Hidrográfica del Júcar ni tampoco habían conseguido nada en la vía penal tras el sobreseimiento de aquellas acusaciones.

Quedaba, no obstante, un frente abierto contra el antiguo presidente de la Comunidad de Regantes del Valle de Càrcer y Sellent que se aclarará en el juicio oral que arrancará hoy en la Audiencia. La Fiscalía sostiene que, aprovechándose de su condición de presidente y guiado por el ánimo de enriquecerse injustamente a costa del patrimonio ajeno, y sin contar ni con la autorización expresa de la junta de gobierno, realizó disposiciones en efectivo, en cheques, transferencias bancarias y cargos de recibos personales en las cuentas de la entidad.

En concreto, la Fiscalía cifra en algo más de 14.000 euros las disposiciones de efectivo en caja; en 112.000 euros los pagarés ingresados en su cuenta particular o cobrados por ventanilla, y en otros 8.000 euros los pagos realizados para gastos personales de los que la mayor parte corresponden a la cuota de autónomo de Hernández, mientras que otras cantidades inferiores están relacionadas con el recibo del agua de su domicilio particular y teléfonos móviles de una sociedad familiar en la que ejercía como administrador.

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