La sección cuarta de la Audiencia de València ha absuelto al exalcalde de la Pobla Llarga (2003-2015), exdiputado provincial y exdelegado del Consell, Rafael Soler Vert, de los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad en documento mercantil por la subvención de 267.000 euros que recibió de la Diputación de València para equipar el teatro cine Monterrey de esta localidad de la Ribera. Junto al exalcalde también han sido absueltos el secretario y la arquitecta técnica municipal del Ayuntamiento de la Pobla Llarga, Manuel B. M. y Ana Isabel A. B. La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Los hechos juzgados se remontan al año 2008 cuando el Ayuntamiento de la Pobla Llarga suscribió un "convenio singular de colaboración" con la Diputación de València (entonces dirigida por Alfonso Rus) para "financiar y equipar el teatro cine Monterrey" de esta localidad por un montante de 267.000 euros que se harían efectivos en tres anualidades: 117.000 euros en 2008, 80.000 euros en 2009 y 70.000 euros en 2010. La sentencia considera que "ambas partes eran conocedoras que, a fecha del convenio la obra del cine Monterrey no estaba finalizada por dificultades económicas y presupuestarias que padecía el Ayuntamiento de la Pobla Llarga, por lo que ya era conocido por la Diputación de València que se estaba firmando un convenio para financiar el equipamiento del Cine, cuya construcción no estaba terminada, y aun así, se procedía a financiar lo necesario para su equipamiento". Cabe recordar que las obras, actualmente, siguen sin finalizar.

De esta manera el Ayuntamiento de la Pobla Llarga decidió comprar el 2 de junio de 2009 un total 647 butacas, adjudicadas a la empresa Eurobutacas Gil, por las que se pagaron 117.000 euros. "Fueron servidas a posteriori y sin laterales", considera la sentencia como hecho probado. En octubre de ese mismo 2009, se volvieron a contratar 442 butacas más a la misma empresa, por valor de 80.000 euros. En 2010 se volvió a adquirir a la misma mercantil "el equipamiento que restaba" por 70.000 euros. La empresa cobró las tres facturas gracias a las subvenciones concedidas por la Diputación de València a la Pobla Llarga entre 2010 y 2012. Sorprendentemente, parte de estas dos facturas (por valor de  70.000 y 70.984,32 euros) se incluyeron en el plan de pagos a proveedores de 2012, por lo que estas cantidades también le fueron abonadas por el Estado al empresario propietario de Eurobutacas Gil, según la sentencia.

De ahí que los magistrados consideran probado que el empresario, Vicente Gil Fombuena (ya fallecido) "se llevó el importe de estas facturas dos veces: una le pagó el estado y otra el Ayuntamiento de la Pobla Llarga con la subvención de la Diputación de València". Por estos hechos, el consistorio de la Ribera y la Diputación de València acusaban al alcalde, el secretario y la arquitecta técnica de la Pobla Llarga de malversación, prevaricación y falsedad. Unos delitos que los tres magistrados de la sección cuarta de la Audiencia de València no consideran probados, aunque, puntualizan, "no podemos dejar de resaltar la defectuosa gestión de la subvención y que cierta indiligencia de alguien desconocido permitiese que se cobrarse dos veces por lo mismo".

Los magistrados también consideran que todo el procedimiento de concesión de la subvención "no es un ejemplo de cómo se han de mover los dineros en estos ámbitos". Y lanzan un dardo a los sucesivos responsables de políticos del Ayuntamiento de la Pobla Llarga y la Diputación de València. "Todos los que intervinieron, dos corporaciones municipales distintas y la Diputación de Valencia con nuevo presidente, y nueva configuración de mayorías desde las elecciones municipales de 2015, no han sido modélicos a la hora de la gestión y cuidado de los fondos públicos, pero no por ello son responsables de delito pues, como hemos visto una cosa es el delito y otra la irregularidad a corregir por los medios que ofrece el ordenamiento español".