Jueces, abogados, procuradores, alcaldes, partidos políticos, sindicatos y entidades feministas de la Costera y la Canal de Navarrés criticaron ayer la decisión de la Administración de Justicia de trasladar a Alzira los casos de violencia machista que hasta ahora recaían en los juzgados de Xàtiva.
El decreto aprobado por el Gobierno establece en la capital de la Ribera Alta un «superjuzgado» exclusivo y especializado en delitos contra la mujer que se pondrá en marcha el 31 de diciembre y que asumirá todos los casos relacionados con esta materia vinculados a tres partidos judiciales: Alzira, Carlet y Xàtiva. Sobre el papel, la medida ejecutada por el Gobierno responde a una estrategia para combatir la sobrecarga que soportan los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción que compatibilizan la violencia de género con el resto de asuntos del orden jurisdiccional. Desde Justicia mantienen que las víctimas de la lacra machista «ganarán» con una atención «más especializada y de calidad».
El terremoto provocado por el decreto ya ha desencadenado la primera réplica: el alcalde de Xàtiva y la consellera de Justicia mantendrán el lunes una reunión para abordar sus consecuencias. Roger Cerdà exigirá que, con el nuevo Palacio de Justicia previsto en Xàtiva, se reincorporen la unidad de violencia contra la mujer.
La Oficina de Atención a las Víctimas del Delito de Xàtiva seguirá coordinando las denuncias y facilitará un taxi gratuito a las víctimas para facilitarles su desplazamiento hasta Alzira. Los juzgados de la capital de la Costera continuarán atendiendo las urgencias de violencia de género.
Letrados de Xàtiva auguran que el nuevo juzgado de violencia machista de Alzira «nace muerto y condenado» por el grado de saturación que soportará, dado que tendrá que sumar los procedimientos de dos comarcas como la Costera y la Canal de Navarrés a los de los que generan los partidos de judiciales de Alzira y Sueca, con ciudades de gran tamaño y con un alto grado de litigiosidad.
