El alcalde de Alzira, Diego Gómez, ha revelado que el ayuntamiento está en conversaciones con la delegación del Gobierno para conseguir la anhelada conexión con la autopista AP-7 mediante una alternativa que iría a buscar el acceso actual de Algemesí con un nuevo vial que iría en paralelo a la propia AP-7, aprovechando terrenos que ya son de propiedad pública para abaratar los costes. Gómez ha indicado que el punto de enlace que siempre se ha barajado, el puente que cruza la autopista en la carretera de Albalat, obligaría a realizar costosas expropiaciones y se ubicaría además en una zona “muy inundable”, y no ha dudado en señalar que el nuevo trazado resultaría más barato y acorta mucho la distancia con el acceso.

Prudencia a la espera de concretar cómo se financia

Diego Gómez se ha mostrado optimista en poder ofrecer pronto “buenas noticias” sobre esta anhelada conexión, aunque también prudente hasta conocer cómo se financia. El alcalde, que ha realizado estas declaraciones durante su comparecencia para presentar los presupuestos municipales de 2023, ha señalado que la Asociación Empresarial de Alzira (AEA), que reclama desde hace años esta conexión directa con la autopista para mejorar la competitividad de las industrias de la ciudad ya conoce esta posible solución.

“El mantenimiento de la antigua AP-7 corresponde a la Generalitat, pero la propiedad sigue siendo del Estado. Hemos mantenido reuniones con la delegación del Gobierno para buscar una alternativa de conexión y hay alternativa, falta el dinero”, señaló el munícipe.

El alcalde de Alzira señaló que la propuesta que se baraja se similar a la variante de Corbera, donde la diputación diseñó la circunvalación en paralelo a la autopista y concretó que este enlace arrancaría tras pasar el puente sobre el Xúquer en Algemesí, mediante una actuación que contribuiría a dignificar el acceso al paraje de la Xopera. 

La construcción de una conexión directa de Alzira con la autopista por la carretera de Albalat es una reivindicación histórica de los empresarios y del propio ayuntamiento, que ha tropezado con la normativa que establecía las distancias que se han de respetar entre accesos a una autopista de peaje, en unos momentos, y con la dificultad de poner de acuerdo a los gobiernos central y autonómico para ver como se financiaba, en otros.