El ministerio cuestiona la presa de Montesa que reclama la Ribera para evitar riadas

La Dirección General de Evaluación Ambiental del Ministerio de Transición Ecológica ha puesto en duda la viabilidad de la presa de 56 metros de altura proyectada en Montesa tras advertir del «deterioro significativo» que podría producir en la masa de agua del río Canyoles y aguas abajo, en el río Albaida. 

La declaración ambiental del nuevo Plan Antiinundaciones del Júcar que ha emitido el organismo estatal impone una serie de condicionantes para la aprobación definitiva de este instrumento, entre los que figura la necesidad de que se aporten nuevos estudios y se evalúen otras alternativas antes del diseño definitivo de la infraestructura, pensada sobre todo para prevenir las grandes avenidas de agua que ponen vidas en riesgo durante los episodios de lluvias torrenciales en los municipios de la Ribera Alta, una comarca que reclama esa nueva presa de laminación. 

Los técnicos del área de Evaluación Ambiental aprecian lagunas en el plan presentado por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), al considerar que no se justifica de forma suficiente el riesgo-beneficio de la construcción. En ese sentido, la resolución insta a «buscar actuaciones alternativas menos agresivas, mediante medidas naturales de retención de agua o mejorando la funcionalidad de la presa de Bellús», que deberán plasmarse en la versión definitiva del plan. 

El informe ambiental del ministerio avisa de que la presa de Montesa —cuya redacción se adjudicó en julio con un plazo para elaborarse de dos años— deberá superar un procedimiento específico de evaluación de impacto ambiental, por lo que tendrán que revisarse a fondo las repercusiones que esta tendrá sobre los espacios de la Red Natura 2000, «abarcando un ámbito suficientemente amplio aguas arriba y abajo» del embalse, además de incorporar un estudio hidrológico y de conectividad que analice sus efectos sobre el estado de la masas de agua afectadas, así como sendos estudios de impacto paisajístico y del patrimonio cultural y un plan de restauración de la zona de implantación.

De entre la abundante documentación correspondiente a la nueva planificación hidrológica, la Dirección General de Evaluación Ambiental identifica tres actuaciones (entre ellas la presa de Montesa) que generarían «impactos ambientales estratégicos negativos significativos» porque pondrían en riesgo el logro de objetivos ambientales de las masas de agua o zonas protegidas de la demarcación en los plazos marcados para conseguirlos. Transición Ecológica subraya que la Directiva Marco del Agua obliga a que todos los ríos y acuíferos cumplan determinados estándares de calidad a partir de 2027. 

Falta de alternativas

La CHJ defiende que el embalse de Montesa está plenamente justificado por «razones de interés público superior» relacionadas con la salud humana y la seguridad pública. De hecho, el Gobierno contempla su ejecución desde hace veinte años como medida de laminación de avenidas que afectan por inundaciones no solo al río Canyoles y al Albaida, sino a todo el tramo bajo del río Júcar.

 Sin embargo, aunque la programación de organismo de cuenca incluye un estudio sobre tipologías diferentes de presas y varias ubicaciones posibles para la infraestructura, la Dirección General de Evaluación Ambiental recalca que el Plan Antiinundaciones no justifica «por qué no se consideran otro tipo de alternativas para prevenir daños por inundaciones, con actuaciones menos impactantes o con medidas naturales de retención de agua».

Entre las afecciones que podría provocar, la resolución pone el foco en la destrucción de hábitats de especies protegidas y amenazadas y de la vegetación de ribera en un espacio considerado de interés comunitario, junto al impacto negativo sobre el cauce del río Canyoles por la acumulación de sedimentos y la pérdida de caudal, la «grave» ruptura de la conectividad ecológica por el efecto barrera del embalse o la propagación de especies invasoras. 

Muchas alegaciones medioambientales

La resolución de la Dirección General deEvaluación Ambiental hace hincapié en que la presa de Montesa ha suscitado una «contestación significativa» durante la fase de participación pública, puesto que se han registrado «un número elevado de alegaciones en contra de su ejecución», fundamentalmente de particulares, pero también de los ayuntamientos de Montesa y Vallada y de asociaciones como Acció Ecologista Agró o Xúquer Viu, que manifiestan «la necesidad de buscar alternativas que permitan proteger el territorio frente a las inundaciones, pero basadas en medidas naturales de retención de aguas». El documento señala que el emplazamiento de la presa de Montesa tiene un valor paisajístico y natural importante, siendo considerado un tramo natural valioso del río Canyoles junto al paraje natural municipal del Barranc de la Fosch de Montesa. «La construcción de la presa supondría empeorar gravemente la conectividad fluvial», advierte la declaración ambiental.