El gobierno de Sueca alega que cumplía la ley al negar la licencia a una discoteca

Los concejales que integran la junta de gobierno del Ayuntamiento de Sueca han prestado declaración ante el juzgado número 5 como investigados tras la denuncia formulada por la empresa que gestiona la discoteca el Chocolate, una de las salas míticas de la «Ruta del bakalao», por la negativa municipal a conceder las licencias de reforma y actividad.

Los concejales y el propio alcalde, Dimas Vázquez, únicamente contestaron a las preguntas formuladas por los abogados de la defensa para argumentar que el ayuntamiento se ha ajustado en todo momento al cumplimiento de la ley en base a los informes de los técnicos municipales. En la comparecencia de Dimas Vázquez el propio juez dejó constancia de que el alcalde estaba como representante legal del ayuntamiento y no como investigado ya que no participó en la junta de gobierno en la que se tomó la decisión sobre la discoteca por estar de vacaciones. 

Informes técnicos

Las autoridades locales manifestaron que el conflicto se inicia por una cuestión de legalidad ya que los informes de los técnicos municipales daban a entender que la discoteca se encontraba en una situación que no se correspondía con la legalidad vigente. Dimas Vázquez defendió ante el juez que el ayuntamiento «se ha limitado a cumplir la ley» y destacó que los informes de los técnicos municipales mantienen que «la licencia de actividad está prescrita».

En la misma línea se pronunciaron los diferentes miembros del gobierno citados a declarar manifestando que «el trabajo que se ha realizado por los técnicos municipales siempre ha sido de acorde a la ley y que por encima de todo está el cumplimiento de la misma».

El alcalde de Sueca, imputado por retirarle la licencia a la discoteca "Chocolate"

La empresa que gestiona la discoteca Chocolate presentó una querella contra el ayuntamiento por un presunto delito de prevaricación por su negativa a conceder las licencias de reforma y actividad. La sala reabrió en junio tras muchos años de abandono. El ayuntamiento declaró ilegales las obras de rehabilitación y consideró caducada la licencia de apertura y los dueños han decidido recurrir a la Justicia para defender sus intereses. 

El inmueble se sitúa en un punto muy sensible del territorio al estar incluido dentro de los límites de protección del Parque Natural de l’Albufera. Para justificar su reapertura, la empresa presentó un informe favorable al proyecto del Organismo de Control Autorizado (OCA) por la Generalitat. Es un documento obligatorio para la obtención de apertura de establecimientos públicos. 

La Ley de Espectáculos públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos señala que el informe del OCA certifica el cumplimiento de todos los requisitos técnicos y administrativos exigidos por la normativa en vigor para la apertura de un establecimiento público.

Suscríbete para seguir leyendo